La Justicia ve lógico investigar si el Estado cooperó en deportar menores

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha abierto la puerta a realizar nuevas diligencias en busca de posibles cooperadores o colaboradores desde el Gobierno central susceptibles de tener que hacer frente a alguna responsabilidad penal en el marco de la instrucción de la causa que tiene a Salvadora Mateos y Mabel Deu como procesadas por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en la expulsión al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería en agosto de 2021 de 55 menores marroquíes no acompañados.

Según el razonamiento del auto dictado para admitir parcialmente el recurso presentado por la Red Española de Inmigración, “ningún sentido tenía cerrar el paso a una posible indagación de otros posibles responsables por su actuación de cooperación o colaboración desde departamentos administrativos cuyos titulares integran el Gobierno de la Nación”.

En concreto, la Audiencia ha acordado ofrecer a la exvicepresidenta del Ejecutivo de Ceuta “que, si lo tiene a bien, aporte de la forma que estime conveniente en el plazo que disponga la instructora los listados de llamadas con su duración y los mensajes intercambiados a través de aplicaciones de telefonía móvil con personas que actuaban por cuenta de la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España y los ministerios de Interior, Derechos Sociales y Agenda 20230 y Asuntos Exteriores, a los que se refirió en su declaración prestada en septiembre de 2022”.

La Sala ha considerado que “las indagaciones propias de la instrucción” dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 “no debían limitarse forzosamente a la conducta que hubieran llevado a cabo las personas a las que directamente se atribuyó la condición de investigadas desde que se incoó la causa. Habría de tratar de esclarecer si hubiera otros posibles responsables, no por diferentes posibles actuaciones, eventualmente conexas o no, sino por cooperar o colaborar con ellas en las que realizaron en concreto las mismas, y quiénes podrían ser”.

“Investigándose una repatriación de menores que se habría llevado a cabo fuera de los cauces legales entre una delegada del Gobierno y una vicepresidenta de la Ciudad, esos otros posibles responsables podrían encontrarse, obviamente, entre quienes hubieran podido brindarles, no cualquier cooperación con ellas, sino la tendente a la ejecución de aquélla subvirtiendo conscientemente la legalidad, ya integrasen o prestasen servicio para el Ejecutivo nacional o el local”, añade.

Para la Audiencia, “si lo que se está investigando es una repatriación conscientemente realizada por la vía de hecho, lo ilógico sería que actos de preparación y colaboración con la misma quedaren registrados de la forma que pudiera calificarse de ‘normal”. Además, “no se trataría de hechos negativos, sino de actos positivos de cooperación o colaboración de terceros con las investigadas”.

En el recurso de fondo con el que Deu, a las puertas de ser juzgada como “cooperadora necesaria” de Mateos, ha solicitado el archivo del caso, todavía no contestado, alega entre otras cosas que recibió “un mandato expreso y acabado” de Interior para devolver menores aplicando un Acuerdo bilateral con Rabat. La carta sin firma exigía “respetar” los intereses y derechos de los niños.

“Por mucha voluntad que tuviesen consejera y delegada en ejecutar retornos de menores a Marruecos, la decisión se adopta a otro nivel y de común acuerdo entre dos Estados soberanos”, ha advertido la defensa de Deu.

La citación de Vivas como testigo, rechazada por prospectiva

La Audiencia Provincial ha rechazado citar al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, como testigo en la causa por la devolución a Marruecos en agosto de 2021 de 55 menores migrantes solos, diligencia que también había solicitado en vía de recurso de apelación practicar la acusación popular que encarna la Red Española de Inmigración y Apoyo al Refugiado.

Lo justificó para “averiguar los responsables de los hechos objeto de este procedimiento, ya que una concertación entre la Vicepresidencia de la ciudad y la Delegación del Gobierno para delinquir, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, es muy difícil que se realice sin la participación del presidente de la Ciudad, máxime cuando hay constancia fotográfica de las reuniones con el Gobierno de Madrid” a las que asistían Deu y Vivas, por ejemplo con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

La Sala ha rechazado esta petición, como el resto de más pruebas documentales o testificales, porque “conocer que se está llevando a cabo una determinada actuación administrativa, no supone, desde luego, un acto que pudiera generar, sin más, una responsabilidad penal por la misma conforme con los artículos 28 y 29 del Código Penal”.

“Si se estaba apuntado directamente al presidente como un posible responsable, habría de ser oído, en su caso, como investigado, no como testigo. Se le estaría tratando de introducir materialmente como parte pasiva del procedimiento, pero desprovisto de las garantías derivadas de tal condición procesal”, zanja en contra de cualquier “reconducción prospectiva” de la investigación.