La justicia ha vuelto a darle la razón a un agremiado a Comisiones Obreras, en esta caso, un agente de la Policía Local que fue adscrito por una restricción médica desde su unidad, la UIR, a otro puesto de trabajo dentro de la corporación. Una vez que los servicios de Prevención determinaron que ya estaba posibilitado para volver a su puesto de origen, este agente debería haber regresado a sus funciones, ya que las causas que motivaron su cambio no existían, tal y como se establece en el Reglamento Regulador de la Relación, Provisión, Valoración y Retribución de los Puestos de trabajo de la Ciudad. Sin embargo, desde la Policía Local no se le regresó a su unidad y se le mantuvo “obligado” en el puesto temporal que se le asignó, bajo la argumentación de que no había lugar en su unidad para él.
Esta excusa no le sirvió al sindicato, sobre todo después de que tal sólo un año después convocaran plazas para la UIR. CCOO interpuso primero una reclamación ante la Ciudad que recibió el silencio administrativo como respuesta y que finalmente terminó en el Contencioso-Administrativo.
Aunque el caso se remonta a 2016, no ha sido hasta hace unos días cuando la justicia se ha pronunciado y le ha dado la razón a este trabajador, obligando a la Ciudad a pagarle el complemento específico y las retribuciones correspondientes a su unidad de origen, desde el tiempo en el que Prevención determinó que ya no existía restricción médica para volver a su puesto.
El sindicato “aplaude” esta decisión judicial que dice castigar “los cambios indiscriminados y los caprichos arbitrarios por parte de los responsables de la Consejería”. Lamentan que este no es un caso aislado y que es una práctica común en la Administración, que también ha sido denunciado anteriormente, terminando la justicia por dar la razón al trabajador.
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