El Tribunal Supremo de España tendrá que decidir sobre la legalidad de la entrega a
Marruecos de 30 millones de euros para contener la inmigración irregular, según publica el periódico El País. Una partida que el Gobierno extrajo del fondo de contingencia de los Presupuestos a fin de frenar estas entradas. La Justicia dirimirá acerca de si se ajusta a la ley recurrir a este fondo ya que su naturaleza es la de una reserva presupuestaria destinada a necesidades "urgentes, imprevisibles e inaplazables", como son las catástrofes naturales o la pandemia del coronavirus, tal y como pone de ejemplo el rotativo español. Fue un conglomerado de organizaciones sociales la que interpuso un recurso ante el Supremo para pedir su nulidad. Los demandantes —Access Info Europe y Andalucía Acoge— bajo la dirección jurídica de Gentium, y con el apoyo de Profundo denuncian un uso inadecuado del fondo, además de falta de transparencia. Las organizaciones señalan que no se ha justificado la posibilidad de atender el gasto con otras modificaciones presupuestarias. Rechazan también la excepcionalidad y la urgencia con la que el Ministerio del Interior justificó el uso de esa partida en torno a la idea de prevenir “una nueva crisis migratoria”. La inyección de estos fondos a Marruecos fue una novedad, según explica el diario El País. Primero porque Marruecos no se encontraba entre los receptores habituales de las ayudas destinadas a la cooperación policial internacional de las que se benefician sobre todo Senegal y Mauritania. Y, segundo, porque, el importe concedido a Marruecos casi doblaba el presupuesto aprobado para estas partidas, que cubren acuerdos con al menos seis países. El Gobierno de España transfirió ese dinero a Rabat tras un año en el que España se convirtió en la principal puerta de entrada de la UE para la inmigración irregular.