La Justicia declara nulos los despidos de dos empleadas de sanidad del Ayuntamiento

El Juzgado de lo Social ha condenado al Ayuntamiento a restituir en sus puestos de trabajo de forma inmediata a dos trabajadoras, con la obligación del abono de todos sus salarios desde el momento de su despido, al declarar que sus extinciones son constitutivas de un despido nulo, según ha podido saber el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC).

Según nota de prensa del partido que lidera Fatima Hamed, la nulidad de los despidos se fundamenta en que el Ayuntamiento “atentaba contra el derecho constitucional de indemnidad” de las trabajadoras y porque “eran consecuencia de una represalia frente a las acciones judiciales que las trabajadores habían ejercitado con anterioridad en materia de cesión ilegal de trabajadores”. Impone asimismo una indemnización de 25.000 euros a cada una de las trabajadoras por los daños morales inferidos a las trabajadoras.

Tras la denuncia inicialmente presentada por las trabajadoras por cesión ilegal de trabajadores a quien era su verdadero empleador, “el Ayuntamiento reaccionó dejando de renovar un convenio que llevaba vigente 15 años con Cruz Roja, demostrando lo poco que les importan los usuarios de Asuntos Sociales a esta Corte de los Milagros, anteponiendo las represalias contras dos trabajadoras que los intereses de los usuarios de ese convenio”, continua MDyC. Según los datos aportados en la nota de prensa, “el Juzgado de lo Social falló contra el Ayuntamiento reconociéndolo como el empresario real;  sentencia que fue íntegramente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla”.

Según MDyC, el Ayuntamiento volvió a ser denunciado por no llevar a cabo la  readmisión –como se ha hecho en otros casos cumpliendo de forma voluntaria la sentencia- , “una vez incorporadas, se inicia el expediente para amortizar sus plazas. Volviendo a despedir a las trabajadoras quienes han conseguido del Juzgado Social, su derecho a su puesto de trabajo y el reconocimiento a la persecución sufrida, que recoge la veracidad de las amenazas que recibieron las trabajadoras de "no volver a trabajar en la ciudad" por el hecho de haber denunciado, vertidas por altos cargos de la administración y la inexistencia de causas suficientes y creíbles que permitieran volver a despedirlas tras la obtención de las primeras sentencias, por lo que declaran la vulneración del derecho constitucional de la Tutela judicial efectiva, en su vertiente de Derecho de Indemnidad , que a la postre es por lo que se condena a la Ciudad Autónoma”.

Para el MDyC esta “persecución” difiere con la actuación del gobierno en otros casos de condena por cesión ilegal de trabajadores, donde han sido admitidos y continúan en sus puestos sin ninguna respuesta ante los tribunales, por lo que denuncian que se “tiene un doble rasero dependiendo de quién es el trabajador que decide denunciar su situación irregular, una muestra más de la red clientelar que genera esta Corte de los Milagros”.

Por ello, desde el MDyC  van a exigir el inmediato cumplimiento de la sentencia y que sean reintegradas en su puesto de trabajo ipso facto, siguiendo el proceso para evitar “nuevas represalias” a estas trabajadoras.