La Justicia declara ilegal aplicar devoluciones en caliente en el mar

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta ha dictado dos importantes sentencias sobre la figura jurídica del rechazo en frontera, comúnmente conocida como devoluciones en caliente.

Desde que la ley de protección de la seguridad ciudadana introdujo esta figura jurídica, el Ejecutivo ha venido aplicándola en Ceuta y Melilla "sin límite geográfico", han apostillado desde Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), quienes han querido hacer pública estas sentencias.

Unas devoluciones en caliente no solo en el perímetro fronterizo de la valla, sino también en el mar, en islotes y archipiélagos o en el centro de la ciudad, han concretado estas entidades. en un comunicado de prensa conjunto.

Contra esta práctica, el juez "se posiciona" en sus recientes sentencias "confirmando" a la administración que este rechazo de naturaleza "tan excepcional" sólo está previsto en el perímetro de la valla y recordando que en el resto de ubicaciones "deberá emplear el procedimiento de devolución ordinaria con todas sus garantías", explican estas organizaciones.

En los asuntos analizados por el juzgado, "ha quedado acreditado que los litigantes fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar mientras trataban de acceder a la costa ceutí y, posteriormente, fueron devueltos a Marruecos sin haber podido tener asistencia letrada ni intérprete", advierten desde las tres ONG.

Estas entradas por vía marítima son una constante en la ciudad de Ceuta, con especial intensidad en los últimos meses, por lo que estas resoluciones proporcionan el marco jurídico "con el que debe actuar la Delegación de Gobierno en las devoluciones de las personas".

Y, aunque las resoluciones no son firmes todavía, suponen un avance en el reconocimiento de la irregularidad de estas prácticas y de los derechos que tienen las personas que acceden a territorio español.

Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, asociaciones que han representado a los litigantes, exigen el cese de esta práctica -declarada ilegal por los juzgados-, reclaman el reconocimiento de todas las garantías procedimentales a las personas extranjeras y recuerdan que el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los Derechos Humanos.

De la preocupación a un paso fundamental

Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, traslada la preocupación porque "cada vez son más frecuentes prácticas dirigidas a cercenar derechos de las personas migrantes. El estado de derecho es más sólido cuando ampara los derechos de las personas más vulnerables”.

Por su parte, Francesca Fusaro, miembro de No Name Kitchen, considera que esta sentencia es "un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes; y, sobre todo ahora, queremos subrayar que el no respeto de estos derechos humanos por parte de las autoridades pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, con el resultado de muchas muertes y desapariciones sin respuesta”.

Asimismo, Javier Moreno Gómez, abogado del SJM, manifiesta que no se trata "sólo de que la actuación administrativa por la cual se devolvió a nuestro representado sea contraria a derecho, sino también de que existan mecanismos suficientes y eficaces para que dichas actuaciones sean prevenidas por un lado y rindan cuentas de su actuación sin someter necesariamente a una persona a un procedimiento judicial”.