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La Junta Docente pide más de las 75 plazas previstas para 2022

El Ministerio ofrece pruebas no eliminatorias y valorar la experiencia el máximo permitido

La Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta pedirá al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que amplíe “todo lo posible” el número de plazas que convocará en las oposiciones de 2022, que inicialmente preveía limitar a un total de 150 para las dos ciudades autónomas, la mitad en Ceuta y el resto en Melilla.

Los cambios normativos que se prevén introducir y que ayer se llevaron a Mesa Sectorial para “facilitar el acceso a una plaza de los interinos sin cerrar la puerta al resto” extienden, a la espera de que los “múltiples borradores” que se han elaborado se traduzcan en un texto definitivo de nuevo Real Decreto para modificar el 276/2007 que regula el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

Según explicó ayer el presidente del órgano de representación, Francisco Lobato, “si finalmente se aprueba la nueva norma podrían convocarse más plazas de las previstas gracias a la ampliación del plazo de consolidaciones hasta 2024 y a las modificaciones que en sus condiciones presumiblemente incorporará el texto que se piensa aprobar”.

El Sector de Enseñanza de UGT valoró ayer que la propuesta presentada por el Ministerio recoja “gran parte” de las principales reivindicaciones planteadas desde hace quince años que se plasmaron en el sistema transitorio de ingreso a la Función docente que rigió los sistemas selectivos entre 2007 y 2011 (por ejemplo, el carácter no eliminatorio de las distintas partes de la prueba de la fase de oposición).

La propuesta del MEFP sobre un sistema transitorio de ingreso a los cuerpos docentes permitirá su aplicación como un sistema transitorio que regirá todas las convocatorias que se celebren entre el año próximo y 2024 y englobaría “tanto las plazas de tasa de estabilidad como las plazas por tasa de reposición”.

“Dicho sistema favorecerá la estabilidad del profesorado interino, mediante amplias ofertas de empleo público, en el que las pruebas de la fase oposición no serán eliminatorias y donde se valorará la experiencia docente el máximo que permite la Ley”, resumió ayer UGT sobre el planteamiento de la administración.

Oposición en dos partes sin carácter eliminatorio

El MEFP ha propuesto modificar el procedimiento de ingreso para implantar una fase de oposición de una única prueba estructurada en dos partes con hasta el 40% de peso, pero sin carácter eliminatorio. La parte A tendría por objeto “la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad mediante el desarrollo por escrito de un tema”. En la B se comprobaría la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas para el ejercicio docente, y la presentación y defensa de una unidad didáctica. Las especialidades de carácter aplicado, habilidades instrumentales o técnicas podrían incluir un ejercicio de tipo práctico.

Más peso para la experiencia en favor de la estabilización de interinos

Los borradores de modificación de la normativa vigente de acceso a la función pública docente presentados por el Ministerio prevén incorporar, en relación a la fase de concurso, una valoración de la experiencia previa con una máximo de 7 puntos, la formación académica y permanente con un tope de 2 puntos, y con 1 punto otros méritos donde se tendría en cuenta la superación de la fase de oposición en procedimientos selectivos anteriores.

Otra novedad sobre la puntuación global del concurso-oposición respecto al sistema que no proviene de acuerdos de estabilización resultaría de la ponderación del 60% de la fase de oposición y del 40% para la de concurso.

Finalmente, se propone incorporar otra Disposición Adicional quinta que establece un concurso excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, tal como mandata la Ley de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo público.

La Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público está pendiente de aprobación en el Senado para intentar reducir la tasa de interinidad al 8%, objetivo que deberá ajustarse a las singularidades de Sanidad y Educación, donde al menos en Ceuta es casi imposible llegar a ese reto sólo teniendo en cuenta la cobertura de equipos directivos de los centros.

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