La
Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta ha adoptado este jueves su pose más reivindicativa para, en rueda de prensa, dar a conocer la carta que ha remitido a la Subdirección General de Personal del Ministerio de Educación y Formación Profesional (
MEFP) instando a su responsable a convocar con urgencia del Grupo de Trabajo de las ciudades autónomas. Si no lo hace en un plazo “razonable” de “tres o cuatro semanas”, el órgano de representación del
profesorado está dispuesto a “movilizarse” para presionar a la administración con el objetivo de que refuerce las plantillas de docentes y cuidadores dedicados a atender al alumnado con necesidades educativas especiales, negocie los “importantes” temas pendientes en materia estrictamente laboral y salarial y aclare por qué no ha sacado ni siquiera a licitación todavía el tantas veces prometido nuevo Centro Integrado del Brull, por ejemplo. En rueda de prensa, el presidente de la Junta, Francisco Lobato, ha denunciado que el MEFP en manos socialistas “ningunea” y “desprecia” todavía más a los docentes de Ceuta y
Melilla. “Perjudica gravemente a los docentes, los centros y el alumnado, especialmente a aquel con necesidades especiales, y maltrata a los voluntarios que se han ofrecido para acreditar competencias profesionales”, ha censurado el ugetista. Según ha repasado, el Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla, único órgano de interlocución con el ministerio de las ciudades autónomas, apenas se ha reunido “siete veces” desde 2018, cuando el PSOE llegó a La Moncloa, y desde su última reunión en marzo para cambiar la Orden de Interinos la modificación ni se ha publicado en el BOE “siete meses después”. “El remate ha sido la distribución de las vacantes para el concurso de méritos extraordinario de estabilización, sobre el que nos instaron a hacer una propuesta sin garantía de que se tuviera en cuenta, aunque la han aceptado un mes después”, ha ejemplificado el sindicalista. FeSP-UGT, FECCOO, CSIF y ANPE entienden que hay “muchos asuntos importantes” que tratar, “desde la equiparación del complemento específico con la media de las Comunidades Autónomas hasta un aumento de la cuantía de los sexenios pasando por las oposiciones pendientes, la reducción de jornada o la construcción de aulas y centros educativos o la creación de la Escuela Oficial de Música”. Lobato también ha censurado que el MEFP está lastrando a la Dirección Provincial al no dotar adecuadamente las plantillas estructurales de sus departamentos de Personal y Nóminas, aunque ha valorado el “esfuerzo” de los empleados disponibles para arrancar este curso con más normalidad que el anterior, un auténtico “caos”. “Ha habido un aumento de la plantilla, pero no es suficiente, pues esos trabajadores cobran además las retribuciones más bajas de la ciudad sin complementos, por lo que su trabajo es todavía más meritorio”, ha señalado antes de elogiar expresamente “el trabajo de la secretaria general, del informático que ha hecho la aplicación para adjudicar destinos y los funcionarios que han permitido que a principios de curso todo haya funcionado casi con total normalidad”.
La inmerecida "medallita" de la inclusión
Lobato ha rechazado también que el MEFP se pueda poner “la medallita” de la “integración” y la “inclusión” real del alumnado con necesidades especiales. “
Se ha aumentado la plantilla de docentes de PT y AL, pero no en número suficiente, pues hasta hace dos años su actuación consistía en sacar del aula a 3 ó 4 estudiantes, pero ahora entran en las clases a atender uno por uno a esos alumnos”, ha razonado. No obstante, ha reconocido que “el gran problema está ahora en los laborales:
el MEFP cubre su falta con el Plan de Empleo, que siempre llega tarde y a veces con perfiles no idóneos, lo que produce un caos en muchos centros como en San Antonio, donde falta la mitad de los cuidadores”, ha enfatizado el ugetista. “Los centros deben arbitrar medidas extraordinarias que generan indignidad en la atención a esos alumnos”, ha señalado Lobato, que aprecia “estrés” en ese “caos absoluto” que supuestamente se paliará con la incorporación a finales de este mes de 68 contratados del Plan de Empleo, aunque esta solución le parece “un parche”, tal y como lleva años denunciando la Plataforma constituida a tal efecto. “En algunos centros se dan situaciones estrafalarias y el alumnado con trastornos del espectro autista (TEA) queda arrinconado dentro de una clase para que no moleste porque no hay nadie que lo pueda atender correctamente”, han criticado los
sindicatos, que estiman que como mínimo habría que “doblar” las plantillas disponibles, que el curso pasado ascendían a 158 efectivos de PT y AL en los centros públicos y concertados. Por último ha protestado por el trato a los docentes que se han presentado para acreditar competencias profesionales. “Estos procesos son estables y permanentes, pero los apuntados se han encontrado con un gran número de solicitantes y han tenido que trabajar en periodo vacacional, echar más horas que las de permanencia obligada y todavía no han recibido ningún emolumento”, ha reprochado antes de advertir que “el Ministerio debe arbitrar algún tipo de norma si no quiere que este curso no quede nadie”. Los problemas son muchos e importantes. No vamos a seguir consintiendo pasividad. Vamos a dar un margen razonable de tres o cuatro semanas para que se convoque el Grupo de Trabajo y abordar todo esto. Si no se arbitra ninguna medida pasaremos a una situación de movilizaciones, primero de la Junta de Personal y después del resto del profesorado.