Juicio en Tetuán a una red de narcotraficantes

La Audiencia Provincial de Tetuán ha fijado la primera sesión de un juicio contra siete acusados de una red de tráfico internacional de drogas que hacía uso de los puertos recreativos del norte.

La vista será para el próximo 8 de agosto convocando a todas las partes implicadas, incluidos dos agentes de seguridad, un empleado de la Universidad Abdelmalek Essaâdi y el propietario de un conocido café en el resort de Lixus, que fue recientemente cerrado por orden del gobernador.

Todos ellos son sospechosos de estar implicados en un intento fallido de transporte de drogas con conexiones hacia Ceuta.

Según las fuentes del periódico Al Akhbar que publicó la noticia, los agentes de seguridad acusados negaron los cargos en su contra, a la espera de una nueva verificación de las pruebas y evidencias.

Investigaciones llevadas a cabo

Se llevará a cabo la revisión de las comunicaciones telefónicas y la investigación de los detalles de las operaciones criminales de contrabando de drogas en barcos recreativos desde el puerto turístico del Estrecho, especialmente en vista de la confesión de algunos guardias de seguridad privados del puerto de Kébila sobre la ejecución de operaciones de contrabando de drogas y su ayuda en el transporte de los paquetes para colocarlos en yates y embarcaciones turísticas, además de declarar que los agentes de seguridad estaban al tanto de los bastidores del contrabando de drogas.

Según la misma fuente, los detalles del caso se remontan al verano de 2022, cuando se incautaron paquetes de drogas en alta mar en el Estrecho por una patrulla de la Marina Real, y las autoridades españolas lograron frustrar una operación masiva de tráfico internacional de drogas.

Fue cuando se incautaron de un barco recreativo con paquetes de cocaína, que se había puesto en marcha desde un puerto turístico del Estrecho, momento en el que la Brigada Nacional de Policía Judicial de la Seguridad Nacional se hizo cargo de la investigación de los agentes de seguridad, mientras que la Brigada Nacional de la Gendarmería Real se hizo cargo de la investigación del resto de los acusados y el inversor.