La rápida intervención vecinal fue determinante para que la Policía Nacional lo detuviera. La posterior acción judicial lo llevó primero a prisión preventiva y ahora al banquillo de los acusados, para sentarse ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
El marroquí A.E., de 30 años de edad y que entró en nuestra ciudad aprovechando la mediática crisis de mayo para quedarse a vivir en un local del Príncipe, se enfrenta a 9 años de cárcel acusado de incurrir en un delito de abusos sexuales a menor y otro de elaboración de pornografía infantil.
Es lo que pide la Fiscalía, aunque Acusación Particular y Defensa se adhieren a su escrito de calificación. Es el tribunal el que tiene ahora que dictar sentencia aunque hay ese acuerdo entre las partes pero por la pena no se puede fijar una conformidad dictando el fallo in voce.
Todo ello por unos hechos ocurridos en agosto de 2021, cuando el acusado estaba en un local de bodas ubicado en esta barriada. Allí se encontraba la víctima, de solo 3 años, a la que convenció para llevarla a una zona apartada del local en donde grabó dos vídeos, uno de ellos dándole un beso en la boca.
Además de estos abusos efectuó otros que por respeto no reproducimos, pero todos ellos empleando su teléfono móvil para la práctica de fotos atentatorias contra su indemnidad sexual.
Que la Policía pudiera detener a este hombre fue gracias a la rápida intervención de los vecinos, que fueron quienes descubrieron que tenía varias fotos de contenido sexual en su teléfono móvil. Fue cuando varias mujeres se encontraban en el barrio y habían recibido comentarios obscenos contra ellas. Las mujeres reaccionaron contra él, momento en el que el sujeto replicó que no les había grabado ni enviado mensajes mostrándoles a modo de prueba el móvil.
Fue así como una de estas mujeres se dio cuenta que en la galería de fotos del teléfono aparecían esas imágenes de contenido sexual con una menor grabadas con anterioridad.
Las mujeres, indignadas, se reenviaron la información para evitar que este individuo lo borrara alertando a las fuerzas de seguridad. De inmediato acudió la Policía a la barriada, procediéndose a la detención de esta persona así como al decomiso de su móvil.
En las sesión de juicio oral celebrada este martes, el acusado ha reconocido parcialmente los hechos, al recalcar que efectivamente se llevó a un lugar apartado a la menor y le dio besos en la boca. También ha reconocido que grabó aquel gesto con su teléfono, celular que empleó para hacer otro tipo de fotos atentatorias contra la indemnidad sexual de la pequeña.
En su manifestación ha negado que enseñara voluntariamente el móvil a la vecina que se lo pidió.
En el acto de juicio oral se ha visionado el vídeo y las imágenes que obran en el procedimiento judicial y que el acusado ha reconocido que son de su teléfono.
La madre de la menor ha declarado para indicar que la niña le dijo que un hombre con una capucha roja le había dado un caramelo y un beso, pero no le “echó más cuenta” al no conocer el alcance de lo sucedido.
Una vecina fue la que posteriormente le dijo que había visionado una fotografía delicada en el teléfono del acusado y al verla se dio cuenta de que era su propia hija, llegando a reproducir también un vídeo. La madre de la menor se encontraba con la niña el día en el que pasaron los hechos, dentro del local de bodas donde ocurrió todo y en donde estaba el acusado.
La vecina que le mostró el vídeo también ha declarado para poner de manifiesto que conoce al acusado porque su hermana lo había acogido tras la entrada masiva de mayo. En ese periodo varias residentes empezaron a recibir amenazas de tono sexual y a recibir fotografías de las que desconocían el origen.
Ha indicado que en esas llamadas se ofrecían contenidos de tipo sexual y que, aunque intentaba imitar voces, por el tono sospechaban que era él era el autor y por eso le instaron a que les hiciera entrega de su móvil para comprobar qué tenía y si les había hecho alguna fotografía.
Cuando lo tuvo en sus manos, se encontró con todo ese material. Asegura que el celular se lo dio voluntariamente y que ella fue la que llamó a la Policía. Ha insistido en que era su teléfono móvil porque lo sacó de su propio bolsillo.
Un agente de la Policía Nacional ha prestado declaración para detallar que se hizo un volcado de las imágenes y vídeos del teléfono móvil que fueron analizados por otros compañeros.
Hubo un inicial oficio, que se hizo previo análisis porque había que hacerlo urgente al tratarse de una causa con preso. Fue más escueto porque lo que querían era una primera valoración de que lo investigado era positivo.
Otro policía en calidad de inspector ha declaro que recibió el aviso de los agentes del área de delitos tecnológicos y del juzgado instrucción número 1 para analizar los dispositivos por la comisión de un posible delito. Eran 4 dispositivos, pero uno de ellos era un mp3 del que no sacó nada.
En uno de esos teléfonos móviles se encontró vídeos y fotografías pornográficas con una menor por lo que se dio aviso de inmediato al juzgado. Ha verificado sin duda alguna que esas imágenes las tomó el propio acusado con su teléfono al coincidir con la numeración consecutiva.
Pero esto no es lo más grave, además de contenidos alusivos a la menor, también encontraron en los dispositivos móviles contenidos eróticos y pornográficos. De lo encontrado muchas imágenes y vídeos eran de menores y otras de mujeres adultas. Además también había fotos de chicas en la vía pública.
Una perito y una trabajadora social han prestado declaración para destacar que, bajo su punto de vista, la menor no tenía los conocimientos cognitivos para la declaración en una vista ya que los hechos sucedieron cuanto tenía 3 años y los expertos la vieron con 4.
Así se ha escuchado la declaración de la menor grabada como prueba preconstituida, aunque en la misma la niña no recordaba lo sucedido.
El Ministerio Fiscal ha mantenido una petición de 9 años de cárcel, 4 por el delito de abusos sexuales y 5 por elaboración y tenencia de pornografía infantil.
Además interesa la expulsión del territorio nacional del acusado durante un periodo de 10 años cuando se cumplan los dos tercios de la condena.
La Acusación Particular y la Defensa se han adherido a la petición formulada por la Fiscalía quedando el juicio visto para sentencia y sin que por parte del acusado se haya hecho uso del derecho a la última palabra.
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