El juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha acordado llamar a declarar en calidad de investigada a la exministra de Exteriores Arancha González Laya por la llegada a España el 16 de abril de este año, por Zaragoza, del líder polisario Brahim Ghali.
Según han confirmado fuentes de la acción popular, el juez ya ha emitido la providencia, que será notificada telemáticamente a las partes la tarde de este martes o el miércoles.
Además, el juez cita también a declarar, en este caso en calidad de testigo, a Isabel Valldecabres, que era directora de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, y que hoy es la directora general de la Fábrica de Moneda y Timbre.
Estas citaciones se derivan de la petición realizada el pasado 13 de septiembre por la acusación popular en este caso, ejercida por el abogado Antonio Urdiales.
La acusación popular solicitó la declaración de González Laya como investigada después de que el exjefe de Gabinete del Ministerio de Exteriores Camilo Villarino admitiera ante el propio juez en Zaragoza que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Ghali.
Ghali entró en España a través de la Base Aérea de Zaragoza en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado de la covid severa que padecía en el hospital San Pedro de Logroño, adonde fue trasladado en una ambulancia del servicio de Salud de La Rioja.
Según dijo Villarino el 13 de septiembre ante el juez Lasala, González Laya le pidió "máxima discreción", ya que la divulgación pública del viaje podría causar un "perjuicio" a las relaciones internacionales del país.
El mismo 13 de septiembre, el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Fernández, en su calidad de testigo, confirmó al juez que Villarino le pidió por WhatsApp que a la llegada del avión a Zaragoza no se realizara el control de pasaportes a los viajeros y que le escribió la frase: "quien lo tiene que saber, ya lo sabe".
España y Marruecos vivieron el pasado mes de mayo su peor crisis en varias décadas, cuando Marruecos permitió la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000 personas en protesta por la admisión de forma secreta en un hospital español del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali.
El Gobierno ha garantizado este martes su "absoluta colaboración" con la Justicia tras la decisión judicial de llamar como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha Gonzalez Laya en el caso de la llegada a España del líder polisario, Brahim Ghali, un asunto que desea que se resuelva pronto.
Ha sido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha ofrecido esa colaboración después de que el juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, haya decidido llamar a declarar en calidad de investigada a González Laya por la llegada a España el 16 de abril de este año, por Zaragoza, del líder del Frente Polisario.
Ante esa decisión, Rodríguez ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno actúa siempre conforme a las premisas de legalidad.
"Nuestro absoluto respeto a la Justicia, y en este caso, absoluta colaboración con el deseo de que cuanto antes pueda estar resuelto", se ha limitado a señalar.
No obstante, fuentes del Ejecutivo han asegurado que no hay preocupación en el Gabinete de Sánchez por este asunto. A juicio del Gobierno, se trata de una cuestión a la que no ven recorrido alguno.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido las comparecencias del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y del titular de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso con el fin de conocer quién es el "señor X" que dio instrucciones a la exministra de Exteriores Arancha González Laya para que permitiera la entrada del líder polisario Brahim Ghali en España.
En rueda de prensa en el Congreso y tras conocerse que el juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha llamado a declarar a Laya como investigada por la llegada a España el 16 de abril de Brahim Ghali, el PP ha incidido en que "esa indicación tuvo que venir de más arriba".
Gamarra ha considerado que debe asumir responsabilidades quién corresponda y que "por las informaciones que se conocen, Laya no fue la máxima responsable".
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