La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha dado traslado a las partes de su decisión de no archivar la causa abierta contra los guardias civiles investigados
por el caso Tarajal. Tras dos archivos ha decidido no hacerlo por tercera vez, lo que supone procesar por un presunto delito de homicidio imprudente a los 16 guardias civiles investigados por su actuación el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 14 migrantes perecieron al intentar acceder a España bordeando a nado el espigón ceutí de El Tarajal. En concreto, la instructora ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, que es lo equivalente al procesamiento en las causas con sumario. Esto lo que hace es poner fin a la instrucción, dando traslado a todas las partes personadas para que expongan sus informes lo que no significa que “mande a los guardias civiles al banquillo”, aunque cabría esa posibilidad final y que los agentes imputados además, por presuntos delitos de lesiones y prevaricación, lo hicieran. En enero de 2017
y en agosto de 2018 la magistrada había ordenado el sobreseimiento de la causa, pero ambas resoluciones fueron rechazadas por la Audiencia Provincial, que entendió que “ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que era requerida”. Durante el último año se ha interrogado a dos testigos supervivientes de los hechos.
Una mujer localizada en Alemania declaró por videoconferencia que llegó hasta la línea de costa con un chaleco salvavidas artesanal fabricado con botellas vacías de agua y que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque la Guardia Civil había colocado una embarcación como barrera. Otro migrante localizado en Madrid abundó en que el grupo de cientos de indocumentados se arrojó de madrugada al agua, donde habrían recibido el lanzamiento, según su declaración, de "cartuchos rojos" y “botes de humo o gases” que les "desconcertaron". También dijo que "dos embarcaciones" del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance. La magistrada renunció hace unos días a volver a intentar tomar declaración a un tercer testigo hallado en Alemania al que no se pudo escuchar a finales de agosto por “problemas técnicos” y dio por terminadas las diligencias pendientes,
tal y como adelantó El Faro de Ceuta. En la causa están personadas como acusaciones (además del Ministerio Público) la Asociación Comité René Cassin, Sociedad Humana, Coordinadora de Barrios, Observatorio de Drets Humans, Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Ahora se cierra por fin la fase se investigación y se da traslado a las acusaciones para que presenten sus escritos en un plazo de diez días. Será entonces cuando la Fiscalía expresará su posición, pues en caso de decidiese no ejercer la acusación la causa podría no llegar a juicio en aplicación de la denominada ‘doctrina Botín’, tal y como han apuntado fuentes jurídicas a este medio. Los abogados de los guardias civiles entienden que debe procederse al sobreseimiento libre de la causa “toda vez que no existen indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa, mi representado no ha cometido delito alguno a pesar de la intencionalidad clara de las acusaciones particulares”. “Los miembros de Guardia Civil cumplieron con su deber de impermeabilizar la frontera, y no puede considerarse esto como constitutivo de infracción criminal”.