Los magistrados que forma la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta han decidido no abstenerse sobre el ‘caso Emvicesa’ pese a las sugerencias que en ese sentido les plantearon algunas defensas en sus últimos escritos y los reiterados anuncios de recusación que ha formulado la del principal acusado, Antonio López. La Sala encargada de juzgar en vista oral la macrocausa estará formada por Fernando Tesón como presidente, Rosa María de Castro y Emilio Martín Salinas, este último como ponente.
Los abogados de los procesados, más de medio centenar, disponen ahora de un plazo de tres días hábiles para formular recurso de reposición.
Una vez agotado el plazo de recusación y resueltas las peticiones que, en ese sentido, pudieran plantearse, al procedimiento, que se alarga ya durante cerca de seis años, sólo le restaría el señalamiento de la fecha de la vista oral, según han indicado las fuentes judiciales consultadas por este periódico.
La defensa de López ya anunció en enero “al objeto de evitar más dilaciones” y “conforme a un criterio de lealtad y economía procesal que “si fueran designados para formar la Sala competente para el conocimiento y fallo de las presentes actuaciones alguno o algunos de los magistrados que conocieron de los recursos de apelación interpuestos contra la prisión provisional” del ex gerente de Emvicesa, como así ha sucedido, procederá a su recusación “por entender que concurre en los mismos causa de abstención y recusación” apelando a un “derecho a juez imparcial”.
El escrito de defensa de la ex consejera Rabea Mohamed también advirtió a los magistrados locales de la Audiencia que al margen de las causas de abstención “fácilmente detectables” como “amistad, enemistad, parentesco... con la partes” hay otras más sutiles “por cuanto tengan que ver con haber tomado conocimiento previo de la causa en la resolución de un recurso, hasta tal profundidad que se haya perdido, o al menos así lo parezca, la debida y deseada imparcialidad, al establecer un pre-juicio sobre alguna de las cuestiones que vayan a ser enjuiciadas”.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta desestimó hace ya casi un año íntegramente los 19 recursos presentados contra el auto que puso fin a la instrucción de la mayor macrocausa de la historia de la ciudad, ligada a una supuesta trama integrada por 60 políticos, funcionarios y particulares para adjudicar irregularmente viviendas protegidas, y ordenó en mayo de 2020 llevar a juicio oral a los investigados por presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
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