Opinión

¿Judicializar la política o intimidar al Estado?

El curso de los acontecimientos en Cataluña me hace opinar de nuevo sobre el separatismo. Lo hago muy respetuosamente, pero siendo meridianamente claro. La presidenta del Parlamet, Carme Forcadell, compareció recientemente a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña como investigada por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación. Considero vergonzoso el espectáculo carnavalesco que ha dado, al igual que cuando antes declaró Artur Mas. Ambos apoyados por sus correligionarios soberanista, blandiendo en alto banderas ilegales, varas de alcaldes, pancartas y consignas contra la Justicia y en favor de la independencia a las puerta del Tribunal, en una exhibición de fuerza para intimidar a los miembros que les investigan. Tuvo luego la desfachatez de querer hacernos ver que autorizó tramitar la hoja de ruta de la independencia obedeciendo el mandato del Parlamet, pretendiendo así justificar lo injustificable, desvirtuando los hechos y tergiversando la verdad a base de retorcerla para presentarse ella como la demócrata obediente, y a los demás como los opresores permanentes que les impiden votar; con cuya hipocresía se desacredita a sí misma y al Parlamet que representa, perjudicando la imagen y buen nombre de los catalanes laboriosos y honestos de la otra Cataluña trabajadora, seria y responsable.
La investigada enmudeció negándose a declarar a preguntas de la magistrada y el fiscal; pero estuvo muy presta y locuaz para responder a cuantas preguntas le formuló su abogado, dando así la impresión de que quiso soltar en sede judicial la soflama política que le interesaba, a la vez que silenciar al Tribunal menospreciando su relevancia y dificultando el esclarecimiento de los hechos imputados y su valoración jurídica, que era la verdadera cuestión de fondo a dilucidar para depurar posibles responsabilidades penales. Y si bien estaba en su legítimo derecho de no declarar que la Ley le concede, no por haberse negado a responder va ello a ser determinante para que queden impunes los cargos investigados si se acredita la autoría de los mismos por otros medios de prueba, que fueron públicos y notorios. Es decir, su deliberado silencio no sólo no le exime de responsabilidad, sino que incluso podría perjudicarle, dado que el Tribunal puede colegir que si no quiso contestar más bien sería porque lo que tuviera que decir le era más perjudicial que favorable.
A preguntas de su letrado sí que estuvo muy locuaz, diciendo impertinencias que como aberraciones jurídicas no tienen desperdicio, al manifestar: Que se ha judicializado la política. Que en una democracia es inconcebible que se le hiciera comparecer ante un Tribunal. Que se estaba vulnerando su inviolabilidad parlamentaria. Que volvería a hacer lo mismo, etcétera. Y fuera del estrado remató la faena el presidente Puigdemont, declarando a los medios que “si Carme fuera condenada, mantendría su cargo incluso si una sentencia la inhabilitara”, asegurando que el referéndum se celebrará “sí o sí”. Y luego, llegó a poner la guinda final al pastel el pretérito Artur Mas, desafiando también al Estado, como tantas veces, al sentenciar que: “Si se inhabilita a la presidenta, que venga la Guardia Civil a sacarla”. O sea, comportándose los tres como si ellos fueran la cúspide normativa de la que emana todo el ordenamiento jurídico y constitucional y encarnaran el más alto poder de España. Todo ello, a pesar de haber sido todos advertidos por los servicios jurídicos del propio Parlamet que si se tramitaba la hoja de ruta de la independencia contra lo sentenciado por el Tribunal Constitucional, incurrirían en grave responsabilidad penal.
La dicente se quejó de falta de democracia. Pero, ¿hay algo menos democrático que saltarse por las bravas la Constitución, la ley y las sentencias, que son la expresión más democrática y soberana de la voluntad del pueblo?. Días después, Puigdemont reunió con urgencia  sólo a los partidos separatistas para decidir sobre el referéndum, porque dice que ellos son muy demócratas y deciden “por mayoría”; y tan “demócratas” son, que excluyeron de la reunión a los demás partidos no separatistas. Culpan al Estado de judicializar la política. ¿Acaso no es querer politizar la Justicia manifestarse de forma tumultuaria todos los jerarcas secesionistas contra el Tribunal, intentando presionarlo, prevaliéndose del cargo que ostentan?. Eso fue un ataque manifiesto de fuerza contra el Estado de derecho, propio de políticos de países tercermundistas y bananeros. Rechazan la Constitución porque dicen que Cataluña no encaja en ella, habiendo sido aprobada por el 90,46 % de catalanes que votaron, cuando la media nacional favorable fue del 88,54 %?. O sea, el 90,46 % de los catalanes aprobaron la indisoluble unidad de España y que la soberanía reside en todos los españoles. ¿Y cómo pueden saltarse la Constitución y las leyes autoridades que la juraron o prometieron y ostentan sus cargos gracias a la propia Constitución, que no sólo juraron cumplirla, sino también hacerla cumplir?.
Desacatan e incumplen sistemáticamente las sentencias que reiteradamente han prohibido el referéndum de Cataluña y su independencia de España, pasándoselas todas por el forro de sus entretelas. Acusan al gobierno de negarse a dialogar. ¿Qué diálogo se puede establecer con quienes a la oferta de negociar responden amenazando: “celebraremos el referéndum, sí o sí”, “referéndum o referéndum, lo quiera o no el Estado”?.  ¿Por qué no piden un referéndum nacional donde votemos todos los españoles, o cambiar la Constitución si tienen mayoría, que así sería legal?. Rechazan el modelo de financiación y cuando se les convoca para estudiar otro se niegan a asistir; pero, eso sí, para ir haciendo calderilla de cambio para la caja piden en 2017 otros 7.000 millones del FLA, aparte de los casi 1.300 de aguinaldo que les entregarán sin haber asistido. Y, en agradecimiento, su también investigado portavoz en el Congreso amenazó así al Estado: “Les tenemos tomada la medida, y se pongan como se pongan Cataluña será independiente. No les tenemos miedo”.
¿Qué legitimación jurídica o moral podría tener gente así en un supuesto estado para luego hacer cumplir coercitivamente sus leyes, habiendo ellos desobedecido tan contumazmente las del Estado?. ¿Qué concepto tendrían de ellos los estados miembros de la Unión Europea u otras organizaciones internacionales?. ¿Podría un hipotético estado formado por quienes queman banderas de España y fotografías del rey solicitar su ingreso en la Unión Europea que exige la unanimidad para su admisión conociendo los graves problemas que dan a España?. ¿Quién no vetaría su ingreso?.  ¿Y cómo  sobreviviría ese supuesto estado sin el apoyo de España?. ¿A qué terceros países subdesarrollados exportarían los productos catalanes?. ¿Con qué dinero pagarían los ingentes gastos del desempleo que se generara, servicios sociales, educación, sanidad, funcionarios, fuerzas armadas, policía, obras públicas, etcétera?. ¿Qué harían con los catalanes nacidos o residentes en Cataluña que por no querer independizarse pasarían a ser extranjeros en su propia tierra?. Si Cataluña se independiza, ¿qué aranceles aduaneros pagarían que ahora se ahorran?. ¿Cómo van a pagar la inmensa deuda que deben?. Miles de grandes empresas huyen ya de Cataluña; las inversiones en el pasado trimestre cayeron un 53 %. Expliquen a los catalanes su rotundo fracaso desde que gobiernan en materia de generación de riqueza y del PIB per cápita; cuéntele que les llevarán a la bancarrota y al derrumbamiento del actual estado de bienestar que con España todavía disfrutan. Y después que conozcan tales verdades, pídanle que sacrifique su hacienda, su trabajo, su bienestar y el futuro de sus hijos. Esa debería ser su hoja de ruta.
Con su demagogia fácil mienten deliberadamente engañando a los catalanes cuando tantas veces les prometen que en una Cataluña independiente, con el dinero que ahora España les roba vivirían mucho mejor pagando menos impuestos, porque lo cierto es que, desde que se han echado al monte al asalto de la independencia, son los que gobiernan quienes han expoliado a Cataluña dilapidando su patrimonio, llevándola a un callejón sin salida; han dividido sectariamente a la sociedad catalana en buenos y malos, en los que son separatistas y los que no lo son, en los que hablan en catalán y los que lo hacen en castellano; entre catalanes y “charnegos”; han sembrado desde las aulas el odio a España y a todo lo español, junto al enfrentamiento y la ruptura; la han llevado a la crisis más grave de su historia en términos políticos, económicos, sociales e institucionales; inventándose siempre un enemigo exterior como chivo expiatorio: la “malvada España” que dicen les expolia. ¿De qué vivirían si se declaran independientes y se les acabara el chollo del independentismo?.
Los verdaderos expoliadores de Cataluña son quienes llevan gobernándola desde que se radicalizaron en el separatismo hasta hoy. Han aumentado su deuda en más de un 200 %, tienen más paro que nunca, la han llevado a la bancarrota y no ha quebrado ya gracias al dinero y aval de España; las agencias de calificación les han rebajado su deuda al “bono basura”; han dilapidado su enorme patrimonio con ocurrencias tan pueriles e irrisorias como crear “embajadas” y organismos ilegales aparentando ser “nación” y “estado”, que jamás lo fueron. Sólo el FLA les lleva entregados más de 40.000 millones. Empezaron por inventarse unas “balanzas fiscales” prefabricadas a su medida para decir que España les esquilmaba 16.000 millones anuales; ya escribí entonces demostrando que aquello era un infundio más. En 2015, Madrid, tuvo un déficit fiscal de 17.501 millones, el 9% de su PIB, mientras en Cataluña fue de sólo 8.800 millones, el  4,5%. Cataluña aporta al conjunto sólo la mitad que Madrid. Y con esa manera tan zafia que tienen de crear insolidaridades y agravios, ignoran la regla de oro de la progresividad impositiva: “Quien más cobra o gana, mayores impuestos paga”. Dicen que Cataluña puede prescindir económicamente de España, cuando vende más bienes y servicios a España que al resto del mundo.  En la balanza comercial de Cataluña con el resto de España, tiene un superávit de 19.300 millones, que es lo que Cataluña vende más que le compra a España. La economía catalana tiene una gran dependencia de España, y se está apoyando en la marca España. Por cada euro invertido, el empresario catalán logra un 7% más de beneficio, y la recaudación de impuestos le favorece un 18 % más que si importara del extranjero.
De enero a mayo a mayo pasado, el Estado “expoliador” invirtió en obra pública en Cataluña un 71% más que la Generalidad. De 2011 al 2015, invirtió un 39% más en Cataluña que en Madrid. Sin embargo, el gobierno separatista catalán tergiversa los datos propagando que el gobierno central no invierte en Cataluña y que les persigue fiscalmente. En materia de pensiones, la comunidad más deficitaria para la Seguridad Social en 2015 fue Cataluña. Con sus cotizaciones no habría podido pagar sus pensiones. El déficit catalán en pensiones es de 3.193 millones, que ha tenido que ponerles el Estado que les roba, el que se hace cargo de los 80.000 millones del endeudamiento de Cataluña. Por contra, las cotizaciones a la Seguridad Social de los madrileños han superado sus gastos de pensiones en 1.671 millones. En Cataluña reside el 15,9% de la población española, y sin embargo se cobra el 19,04% de todas las pensiones que paga el Estado. Cataluña, con solo un 15% más de población que Madrid, recibe un 53% más de dinero del Estado para pensiones. El pueblo catalán, en general, se merece un mínimo seriedad, rigor y respeto. No les engañen ni jueguen con su futuro. No tienen ningún derecho a ocultarle la verdad. No jueguen a dividir y enfrentar al pueblo trabajador de Cataluña, que en lugar de progresar cada día está más empobrecido y vive peor que nunca debido al abandono y desgobierno en que la sumen sus dirigentes para promover el separatismo.
Dice el economista afro-norteamericano Thomas Sowell, profesor de la Universidad de Chicago, que “se necesita tener mucho conocimiento para darse cuenta del grado de la propia ignorancia”. Pues reflexionen, rectifiquen y dejen ya de arrastrar a Cataluña hacia la locura a que la llevan con su recalcitrante irresponsabilidad.

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