La ausencia de centros especializados para tratar la
salud mental de las personas en Ceuta termina trasladando al ámbito penal la resolución de muchos problemas.
No hay espacios pero tampoco plazas suficientes para facilitar el internamiento en la Península a través del concierto que el Gobierno mantiene con el centro San Juan de Dios de Málaga.
Así, cada vez más llegan a
los juzgados asuntos que termina resolviendo un juez del ámbito penal y que se suscitan en el seno de familias sin recursos ni posibilidades para afrontarlos.
El caso de Y.B., del que ahora se hace eco este medio, es uno más de tantos que engordan los expedientes judiciales siguiendo un mismo patrón: el acusado es una persona a la que le fallan las facultades mentales.
Fue el caso de Y.B., que tenía una orden de alejamiento de su familia dictada por un juzgado. Orden que incumplió estando en vigor al acceder y permanecer en la vivienda con familiares a los que no podía acercarse a menos de 100 metros como garantía de su seguridad.
Cada vez son más los casos de este tipo que terminan judicializándose
En sentencia queda demostrado que el acusado estaba afectado por una discapacidad intelectual con trastorno de conducta en contexto de personalidad de tinte esquizoide lo que afectaba a su capacidad de comprender la naturaleza ilícita del hecho que estaba cometiendo.
El joven terminaba viviendo con su familia a la que no podía acercarse porque no tenía a dónde ir y se encontraba enfermo.
La falta de conciencia de su enfermedad impide el abordaje terapéutico
en medio ambulatorio. ¿Qué hizo su señoría cuando la
Policía tuvo que acudir al hogar a requerimiento de la propia familia? Absolverle penalmente del delito de quebrantamiento pero ordenar el internamiento durante 6 meses en un centro especializado para que sea tratado.
Este no es un caso aislado, muy al contrario. Supone uno más de la hilera de situaciones extremas a las que se enfrentan familias con hijos o hermanos que no pueden acceder a un centro y tienen que convivir en el hogar a pesar de generar situaciones de inseguridad.
La gestión que se lleva a cabo de la salud mental no solo en Ceuta sino en muchos lugares de España
es deficitaria precisamente por una clara carencia de medios. Y esto se produce en un momento en el que los casos de trastornos y patologías asociadas aumentan sobre todo en los jóvenes y adolescentes.
Quien no puede abonar un tratamiento en centro privado queda en el olvido de una situación que desborda a las familias y que da pie a crisis que terminan siendo tratadas como un suceso más con intervención policial y penal.