El Gobierno de Vivas prevé llevar a
Pleno la primera semana de marzo la aprobación del cambio del modelo de
gestión de la limpieza pública viaria y el secretario general del
PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, que además de diputado es encargado general de
Trace, se queda sin tiempo. Según un informe de la Oficialía Mayor de la Asamblea, “cuando la sociedad mercantil de nueva creación dé comienzo a su actividad, una vez inscritos los acuerdos de su Junta General en el Registro Mercantil, estará incurso en causa de incompatibilidad”.
La normativa establece que no se puede ser miembro de la Corporación y trabajador dependiente de la Ciudad. Gutiérrez recibió de Trace casi 50.500 de los más de 75.000 euros netos que ingresó el año pasado, por lo que para seguir como líder de la oposición en la Asamblea y mantener sus remuneraciones deberá buscarse otro trabajo en el sector privado, encajar en el equipo político de la Delegación o encontrar alguna salida política como la que el PSOE dio a Carracao en su momento como asesor en el Senado.
La opción de cobrar como portavoz con dedicación exclusiva se da por “caducada” en el
Ejecutivo local, como su anhelo por ser consejero.
El Reglamento de la Cámara estipula que si no se decanta voluntariamente por el escaño o su puesto de trabajo el presidente tendrá que llevar el asunto al Pleno para declarar formalmente la situación de incompatibilidad y empezar a contar quince días para que el incurso en ella elija.
Antes que
Gutiérrez se han visto en una situación similar dos de sus antecesores al frente del PSOE, José Antonio Carracao y Toñi Palomo, pero en sus casos la Asamblea permitía “optar entre percibir la cuantía de las indemnizaciones por asistencia a Pleno y Comisiones de las que formen parte que señale el Pleno o la cuantía que vinieran percibiendo por el desempeño de su puesto de trabajo”.
Abstención obligada
El informe de la Oficialía Mayor, emitido a petición del socialista Melchor León, también deja claro que Gutiérrez no podrá votar sobre la municipalización de la basura, pero por imposición legal, no por algún tipo de gesto discrecional suyo.
“Es personal laboral de una de las empresas que integran la UTE actual prestataria del servicio y según exige la ley tiene obligación legal de abstenerse en la votación de cuantos asuntos sean sometidos al Pleno en cuanto tal o en cuanto Junta General de la nueva sociedad, puesto que el asunto en cuestión le afectará directamente”, resalta el dictamen.