José Antonio Sorroche, absuelto de prevaricación administrativa

• Un funcionario de la Policía Local al que retiró el arma tras un informe médico que lo aconsejaba, le pedía 7 años de inhabilitación

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de nuestra ciudad ha dictado sentencia absolutoria para el inspector de Policía Local José Antonio Sorroche, que venía acusado de un delito de prevaricación administrativa. El juicio se celebró el pasado lunes y el juez lo ha tenido muy claro, pues tan solo cuatro días después las partes han recibido la sentencia absolutoria, la cual, no obstante, no es firme pues contra ella cabe recurso de apelación. La acusación particular deberá abonar las costas procesales, como así lo precisa el magistrado en su dictamen, que solicitaba para el que fuera superintendente jefe de la Policía Local cuando ocurrieron los hechos siete años de inhabilitación absoluta por ese delito de prevaricación administrativa.

El juez destaca en su sentencia, a la que ha tenido acceso El Faro, que Sorroche retiró las armas del funcionario F.G.G. tras un informe médico psicológico que así lo aconsejaba. Esa decisión se ajusta, remarca el documento, “a una interpretación de las normas aplicables basado en cánones interpretativos admitidos” y, además, “avalado por el informe médico” aportado por las partes a la causa judicial. Por tanto, el juez concluye que la actuación de Sorroche fue “correctísima y en el ejercicio de sus legítimas competencias o atribuciones legalmente amparadas”.

En su condición de jefe accidental del Cuerpo, entre los años 2011 y 2012 cuando se enmarcan los hechos denunciados, Sorroche tenía la obligación de cumplir con funciones como la prevención de riesgos laborales, “y ante un informe médico que concluía la necesidad de que el denunciante no portase armas”, acordó “de forma legal, razonable y adecuada” la retirada de todas las armas que aquél ostentase, tanto reglamentaria como la particular.

De hecho, este fue uno de los puntos polémicos en la vista judicial del lunes. Ya entonces el responsable de Armamento y Tiro en el Cuerpo explicó que el denunciante tenía su arma reglamentaria en la Comisaría, en depósito voluntario, pero que contaba con un arma particular, la cual F.G.G. se negó a entregar en la Policía Local si bien la entregó en el área de Intervención de la Comandancia de la Guardia Civil cuando fue requerido para ello.

Por tanto, se trataba de dirimir si la prohibición del porte de armas incluía las particulares o solamente la reglamentaria del agente en cuestión. Pues bien, el juez afirma que la tenencia de armas particulares “viene precisamente amparada en la licencia tipo A como agente de la Policía Local” como así sostuvo Sorroche y el propio responsable del área de Armamento y Tiro en la Policía Local de Ceuta.

Así las cosas y en base a las pruebas practicadas en el juicio así como los documentos adjuntos, el juez de lo Penal 2 de nuestra ciudad concluye que no se puede dictar una condena, como la que solicitó la acusación particular (cabe recordar que la defensa y el Ministerio Fiscal pidieron la absolución de Sorroche), porque no se cumplen en ningún caso los requisitos exigidos para la pena por un delito de prevaricación administrativa. Éstos son la adopción de una resolución dictada por un funcionario, que sea objetivamente contraria a Derecho, es decir, ilegal, que se hayan omitido trámites esenciales del procedimiento, que ocasione un resultado materialmente injusto y que la resolución de manera arbitraria y a conciencia de su ilegalidad.

Un informe médico no rebatido

En el juicio se puso de manifiesto que el informe médico que se hizo aconsejando la retirada de las armas al denunciante, nunca fue rebatido por éste, ni se ha presentado contrainforme. Así lo recoge el juez en su sentencia: “Si el denunciante consideraba que el informe del servicio médico que recomendaba que no debía portar armas era incorrecto debió impugnarlo en el oportuno expediente administrativo, de tal forma que las consecuencias jurídicas derivadas de aquél no deben ser analizadas en esta Jurisdicción Penal, sino que deberían, en su caso, ser alegadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativo”.