El jurista y magistrado
Joaquim Bosch presentará hoy, a las 19.30 horas, en la sala de usos múltiples de la
Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez,
su último libro 'La patria en la cartera'.
¿Qué pretende que los lectores conozcan con este libro? El objetivo principal es explicar las dinámicas de la corrupción en nuestro país y el enorme daño que causan a la credibilidad de las instituciones democráticas y también a los propios servicios públicos que prestan nuestros organismos, que se ven muy reducidos a causa de la corrupción.
Los estudios realizados indican que las prácticas corruptas nos cuestan unos cuarenta mil millones de euros al año y son cantidades que provocan perjuicios muy importantes a la ciudadanía.
¿Desde qué punto de vista trata estos temas? ¿Es más analítico o una presentación de casos? El libro consta de dos partes. Una primera que intenta analizar los hechos. Se analizan casos de corrupción
desde la Edad Media, pero sobretodo se pone un énfasis especial en la etapa del franquismo, porque al ser el precedente de los sistemas democráticos se considera que tuvo importancia en la configuración de nuestras instituciones actuales y en los motivos de que la corrupción esté tan instalada en casi todos los rincones de nuestros organismos públicos. La segunda parte aborda las posibles soluciones sobre todo en el ámbito de la prevención, la persecución y el castigo de la corrupción porque mi opinión es que si se adoptaran las medidas estructurales necesarias, España podría tener niveles de corrupción muy bajos.
"Creo que hay una intuición ciudadana de que la corrupción nos perjudica, pero no se tiene la percepción del enorme daño"
¿Durante la investigación encontró algo que le llamara especialmente la atención? Que sospechaba que nuestro país tiene niveles de corrupción elevados pero me ha llamado la atención la enorme entidad de las prácticas corruptas. En España las hemos naturalizado, nos hemos acostumbrado y ya están surgiendo todo tipo de casos de corrupción en el ámbito político,
empresarial,
futbolístico, etcétera y creo que la ciudadanía ya no reacciona porque se ha acostumbrado peligrosamente a que esto sea así.
Podemos fijarnos en los datos objetivos y tenemos condenados por corrupción en casi todos los territorios autonómicos, ya sea presidentes, consejeros, cargos de las diputaciones provinciales, alcaldes y concejales. Una corrupción política de este tipo no tiene apenas equivalentes en otros países de la Europa democrática y nos acerca a países como Honduras o Guatemala.
¿Se castiga a los políticos corruptos social o electoralmente? Digamos que hay una evolución. Tras la muerte de Franco veníamos de un país con corrupción generalizada y hay estudios que explican que la sociedad española lo consideraba normal y no le daba importancia. Todavía, varias décadas después, quedan sectores sociales que siguen así y en algunos casos incluso apoyan y votan a corruptos.
En cambio, es cierto que a partir de la crisis económica de 2008 sí que ha habido cambios ciudadanos en esta línea. Hay sectores que empiezan a rechazar la corrupción y, de hecho, en algunas comunidades autónomas la corrupción ha empezado a
pasar factura electoral.
"Si no hubiera corrupción tendríamos una renta per cápita superior a la media europea"
¿La sociedad es consciente del gasto que supone la corrupción? Creo que hay una intuición ciudadana de que la corrupción nos perjudica, pero no se tiene la percepción del enorme daño. Los economistas nos dicen que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción, hoy España tendría una renta per cápita superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Si estos países van por delante es porque han activado todo su
potencial económico al servicio del bien común.
Eso les ha permitido acabar en estos países con la pobreza y desarrollar mejores servicios públicos. Tendríamos una mejor sanidad, mejor educación y viviríamos mejor en conjunto sin corrupción y creo que eso aún no es percibido por la población. Y ese es uno de los objetivos del libro, informar sobre todo esto.
¿Son las penas por corrupción lo suficientemente duras? Mi impresión es que en origen las penas eran insuficientes. Como comentaba, la indignación ciudadana a partir de 2008 hizo que se fueran reajustando. Sobre todo la reforma del Código Penal de 2015. Pero el problema principal en España no es de penas insuficientes como que lo que llega a los juzgados es la punta del iceberg. La gran mayoría de las prácticas corruptas de nuestro país no se detectan y eso sí que es problemático.
Hay una percepción entre los corruptos de pensar que no les va a pasar nada. Por lo tanto, no sería una cuestión de reajustar las penas como que la persecución sea efectiva.