El exconsejero de Sanidad y líder de Ceuta Avanza, Javier Guerrero, ha solicitado su jubilación con efectos desde el pasado 11 de enero, cuando fue detenido en su domicilio por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que le investigaban desde meses atrás por al menos un presunto delito de abusos sexuales a menores que motivó su entrada en prisión sin fianza dos días después por orden judicial.
Según fuentes del entorno del doctor, Guerrero, que ejercía su profesión tanto en la sanidad pública como en la privada, accederá a la pensión máxima, ligeramente superior a 3.000 euros mensuales.
El hasta su arresto jefe de la Unidad de Digestivo y Endoscopia del Hospital Universitario se incorporó en 1984 a una plaza de facultativo de Urgencias de Cruz Roja y también fue profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería antes de su integración en la estructura de la Universidad de Granada (UGR).
Dos semanas después de su entrada en prisión, la Dirección Territorial del Ingesa explicó que ya había “reprogramado” a los pacientes de Guerrero, “por lo que la atención y lo más importante, la continuidad asistencial, están garantizadas”, dio por hecho la administración, que evitó explicar en qué situación quedaba el médico.
El Estatuto Básico del Empleado Público establece que en un caso como el suyo se podía haber adoptado una suspensión de funciones provisional “durante la tramitación de un procedimiento judicial” y mantenerla “por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo”.
En ese caso hubiera tenido derecho a seguir percibiendo las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Al solicitar su pase inmediato a la condición de jubilado, Guerrero no tendrá que ser expedientado por no acudir a su trabajo, por cuyo desempeño se alertó repetidas veces al Ingesa sobre la forma en que recibía y atendía a menores tutelados por la Ciudad.
La defensa actual del médico ha desistido del primer recurso de apelación contra su encarcelamiento presentado por su primer abogado y la causa está pendiente, entre otras cosas, del resultado de los análisis que la Guardia Civil realice de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos intervenidos al exconsejero del Ejecutivo local.
Al margen de la pieza principal que derivó en su privación de libertad, en los Juzgados de Ceuta se instruye otra pieza separada por conspiración de lesiones tras ser escuchado en su vehículo hablar con un amigo sobre cómo dar un escarmiento al personal de Menores que había alertado de sus presuntos comportamientos impropios con niños migrantes solos.
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