La decana del Colegio de Abogados, Isabel Valriberas, ha confesado en el programa de La Voz del Faro y FAROTV distintas inquietudes en relación con su colegio profesional. No solamente ha abordado todo lo relacionado con el turno de oficio que está suponiendo quebrantos para muchos letrados, sino que también
cuenta como vivió aquella orden de devolución a Marruecos de los inmigrantes que entraron el pasado mes de agosto por la valla, lo que marcó un hecho histórico que adelantó en exclusiva este medio de comunicación.
-¿Cómo está de salud el Colegio de Abogados de Ceuta? -Creo que bien. Es un colegio sano, con muchos abogados porque ha crecido mucho en los últimos años. Es un colegio activo que gestiona muchas cosas.
-A lo mejor puede ser desconocido para el gran público. ¿Pero qué gestiona y hasta dónde el Colegio de Abogados? -El Colegio de Abogados es un colegio profesional, que tiene entre sus obligaciones la ordenación de la profesión, la deontología profesional y la formación del abogado. Son los tres pilares que debe cumplir. Pero aparte tiene atribuido por ley, desde que se publicó la legislación, toda la tramitación de la asistencia jurídica gratuita y la organización del turno de oficio. Eso puede ser en torno a los cinco o seis mil expedientes al año.
"La asistencia jurídica gratuita puede llevar el mover unos cinco o seis mil expedientes cada año por nosotros"
-¿El abogado necesita al igual que el médico una formación continua? -Se tiene que ir adaptando a la realidad legislativa y a la jurisprudencial. Debe estar constantemente formándose. Este país tiene una producción legislativa inmensa. El abogado debe estar al día de las novedades, de los nuevos procedimientos judiciales y de las nuevas reformas, así como de las nuevas interpretaciones judiciales. Un abogado toca muchas cosas y más en una ciudad como esta donde casi todos los letrados son generalistas.
-¿Y deontológicamente como está el colegiado ceutí? -No tiene numerosos expedientes en relación a infracciones con la deontología profesional. Siempre hay alguien que se queja de que su abogado no le ha atendido como lo debería atender, que entiende que su letrado ha incurrido en alguna falta, pero no es un colegio donde hay muchos expedientes disciplinarios.
-Los abogados se quejan en el turno de oficio... -Porque es verdad. Parece algo endémico en el Ministerio de Justicia. Hay que aclarar que no todos los abogados cobran del Ministerio de Justicia porque resulta que la competencia está transferida a determinadas comunidades autónomas. Esas Consejerías son las que negocian con los colegios de abogado los baremos de los distintos turnos de oficio. Son unos 20.000 abogados del turno de oficio los que dependen del Ministerio de Justicia. Estamos sujetos a los baremos que estableció la Ley de Justicia Gratuita pero que no se actualizan desde el año 2003.
"Hemos pedido la actuación de los baremos de justicia gratuita por la dignidad de los abogados"
-Y también se cobra tarde. -Se comenzó a cobrar por semestre, luego por trimestre y desde el año pasado conseguimos que se percibiera el dinero todos los meses. Siempre se cobra con retraso, parecía que se había normalizado y ahora hemos vuelto otra vez marcha atrás. El último cobro fue en agosto y se percibió el mes de junio. Por parte de los colegios se está haciendo un esfuerzo administrativo muy importante para que la facturación sea mensual y llevamos varios meses donde no hemos percibido lo prometido.
-¿Cuál es el perfil que tiene el abogado de oficio de nuestra ciudad? -Hay de todo. Yo continúo haciendo el turno de oficio porque entiendo que es una especie de obligación del abogado el atender a los que menos tienen aunque sea cobrando poco. Uno debe dar su ciencia también a quienes menos tienen. Llevo 35 años de ejercicio profesional y estoy en el turno, lo mismo sucede con otros compañeros. Hay abogados muy jóvenes con 26 ó 27 años que están comenzando y otros letrados que tenemos mucha más edad porque llevamos muchos años de oficio. Ahora mismo estaremos unos 122 en el turno.
-¿Influyen esos retrasos a la hora de atender al cliente? -No, para nada. El abogado sigue trabajando aunque no cobre. Nosotros iniciamos los procesos incluso antes de que se le haya concedido la justicia gratuita al beneficiario. El Colegio de Abogados tramita el expediente. Presenta la documentación la persona interesada y entonces el Colegio realiza una designación provisional de abogado, y luego termina de tramitar el expediente y lo remite a la Comisión de Justicia Gratuita que está formada por la Abogacía del Estado, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores y un representante de la Delegación del Gobierno. Esa es la comisión que al final resuelve el expediente. Estamos acostumbrados a trabajar aun sabiendo que lo mismo tardamos en cobrar un año o año y pico.
-¿Son muchos los trámites para acceder a la justicia gratuita? -El papeleo es mínimo. Nosotros tenemos el expediente judicial electrónico y basta que esa persona nos autorice, entonces recabamos los datos de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y del INEM. Lo único que le pedimos es el certificado de signos externos que lo da el Ayuntamiento para conocer si tiene o no inmuebles a su nombre y el certificado de residencia. La tramitación no es nada farragosa.
-¿Y si hay veinte mil profesionales que dependen en el tema de justicia gratuita del Ministerio de Justicia, siguen soportando que desde el año 2003 no les actualicen los baremos? -Porque tenemos mucha paciencia. La gente ya está cansada y en las últimas reuniones los abogados están diciendo que ya está bien. De manera principal por la dignidad del abogado. Queremos que se cobre puntualmente y que se atienda a las actualizaciones. Llevamos reclamando la actualización muchos años y luego cuando comenzó la crisis se agarraron a ello.
-Algunas personas pueden pensar que un abogado de oficio cobra mucho. Sin embargo, tengo entendido que las cantidades son irrisorias... - Por un procedimiento de Derecho de Familias, donde se discute un tema de guarda y custodia de hijos o pensiones de alimento nos pagan 120 euros. Estamos hablando de cantidades irrisorias.
-En el pasado mes de agosto el Colegio salto a la primera fila de la opinión pública mediática debido a que tuvieron que montar, deprisa y corriendo, un equipo de 12 letrados para atender a los inmigrantes que posteriormente fueron expulsados a Marruecos, en un hecho histórico. -Ocurrió el 22 de agosto, yo venía en el tren, de vacaciones. Siempre tenemos dos letrados de guardia durante las 24 horas del día para los temas de extranjería y cuando se tramitan más de los habituales nos llaman y mandamos más abogados. El problema es que fue agosto y se montó un servicio extraordinario. En esas fechas es difícil porque es el mes donde se toman días libres para salir de Ceuta.
-¿Coincide con lo que plantearon algunos de los abogados en el sentido de que pensaban que era una expulsión para llevar a los inmigrantes a un CIE? -Es la primera vez que se hace masivamente. Normalmente en Ceuta el expediente de devolución o de expulsión se hace pero no se materializa en el mismo momento. Primero, porque el convenio no se había aplicado nunca de esa manera. Los abogados estamos acostumbrados a que esas personas se quedan aquí y luego, en función de la saturación del CETI, se van mandando a CIE en la Península que es lo normal o se quedan aquí un tiempo. El Ministerio del Interior es el que decide. Hay países que no responden a la llamada de España. El tema de la ejecución es complicado. Parece ser que el Ministerio del Interior llegó a un acuerdo con Marruecos y nos sorprendió a todos.
-¿Se enteran que han sido devueltos cuando ya están en Marruecos? -Nos enteramos al día siguiente por la prensa. No se nos notificó en ese momento.
-¿Qué ha pasado desde entonces con este asunto? -Todos han presentado recurso de alzada contra la resolución de devolución. Contra la expulsión caben una serie de alegaciones y luego un Contencioso Administrativo que es lo que se hace luego igualmente en la devolución. Iban a presentar algunas demandas contencioso administrativas por vulneración de derechos fundamentales y todavía es muy pronto para ese resultado. Los extranjeros no querían la devolución.
-¿Piensa que los subsaharianos que han sido expulsados sufrieron de indefensión? - Ceuta no está preparada y la Policía no está preparada para iniciar 116 expedientes de golpe. Requieren intérpretes, una tranquilidad…Estas personas son gente joven que vienen de países en los que tienen otra cultura distinta. Cuando le dices que eres el abogado designado para su defensa lo primero que te preguntan son las razones por las cuales necesitan un letrado. Ni las dependencias policiales son las idóneas, ni veo que en tan poco tiempo se puedan tramitar tantos expedientes. El propio trámite es sencillo: se le notifica el motivo por el cual está irregular en España, se le notifica el expediente de devolución, se le hace una serie de preguntas y ya está.
-¿La oficina de asilo que se montó en el Tarajal sirve para algo? -Se comenzó a montar cuando se produjo una gran entrada de ciudadanos sirios. Comenzaron a venir por Ceuta y luego se trasladaron a Melilla. Allí sí les dejaban pasar la frontera. Como se montó en Melilla lo hicieron en Ceuta, pero la verdad es que allí sí se ha utilizado muchísimo.
-¿En el seno del propio colegio también han hablado de las devoluciones en caliente, de las devoluciones en frontera…? -Me suelo reunir con Acnur y con la Oficina del Defensor del Pueblo. Ceuta es visitada por muchas instituciones y ONG. Siempre planteamos lo mismo: Ceuta es una ciudad mal dotada. Requeriría tener una mayor dotación de medios en todos los sentidos. En otros lugares se han llegado a montar estructuras extraordinarias con motivo de entradas masivas y en Ceuta debería ser lo habitual.
-¿Mejoraremos en infraestructuras cuando se inaugure la antigua sede del Banco de España? -Desconozco cómo está siendo la obra, pero entiendo que continuará siendo insuficiente. El edificio del Banco de España tampoco es tan grande y seguiremos teniendo, al menos, dos sedes. Lo ideal hubiera sido un edificio donde están concentradas todas. Aquí el error fue que el solar que cedió la Ciudad al Ministerio de Justicia no era de su agrado. Fue una decisión política no acertada. La Ciudad con mucha razón dijo que el solar revertía al Ayuntamiento.
-El propio Palacio de Justicia sigue teniendo deficiencias... -Cuando se inauguró el Palacio de Justicia, Menahem Gabizon era nuestro decano y yo era secretaria de la Junta de Gobierno. Estuvimos recorriéndolo y nos dimos cuenta de que era pequeño. Alguien que vino del Ministerio de Justicia nos dijo que los abogados siempre nos quejábamos. La respuesta fue que los abogados trabajábamos e íbamos a las dependencias judiciales y nos dábamos cuenta que ese Palacio de Justicia ya era pequeño. No fue un edificio con proyección de futuro. Se circunscribía a los Juzgados que teníamos entonces, luego se fueron creando más y ya tuvieron que trasladarlos a otros lados. Es el edificio al que más obras he visto hacer en mi vida.
"Cuando se construyó el actual Palacio de Justicia ya se sabía que se iba a quedar pequeño"
-Se cumplen este año veinte de la inauguración de la sede de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. ¿Es suficiente con una sola sala? -Pienso que sí. Reclamaría competencias que le han quitado ya que por un problema de especialización de Sala le han quitado las competencias en materia de familia, de violencia de género, de menores y mercantil.
-Recordaba usted a Menahem Gabizon, ¿qué ha supuesto para la abogacía ceutí? -Fue un hombre que luchó mucho por el Colegio de Abogados y por darle una presencia en el Consejo General de la Abogacía. A mí me lo inculcó, como también que aunque fuéramos un colegio pequeño teníamos que estar en las instituciones que nos representan a nivel nacional.
-¿Cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo? -Estamos mejorando nuestra infraestructura tecnológica. Llevamos un proceso de adaptación a un sistema integral de gestión de la abogacía. Queremos para el año que viene tener con la Comisión de Justicia Gratuita la gestión conjunta del expediente a través de las nuevas tecnologías. El papel prácticamente lo tenemos suprimido. El año que viene será de mucha digitalización. Otra cosa que también tenemos muy clara la Junta de Gobierno es la formación continua del abogado. Todos los que están en el turno de oficio y asistencia a detenidos necesitamos cursos obligatorios de reciclaje sobre todo en materias como violencia de género, menores o extranjería.