La nefasta gestión del MEFP en relación con la Educación Especial, se está convirtiendo en un problema muy serio para el conjunto de nuestro sistema educativo, que amenaza con un colapso irresoluble a medio plazo.
Partimos de un hecho incontrovertible. Desde hace algunos años, se viene observando un crecimiento progresivo del número de alumnos con necesidades educativas especiales, muy por encima de la media del conjunto del país. La primera reacción de los responsables del MEFP fue la perplejidad. Ante un fenómeno “inexplicable” optaron por la negación del problema (probablemente fallen los diagnósticos, decían, porque esto “no es normal”). La incredulidad dio paso a la inacción. Se trataba sólo de esperar a que las cosas volvieran a su orden por propia inercia. Bastaba con ampliar ligeramente el cupo de profesores (un esfuerzo mínimo, reversible y provisional). Tan irresponsables predicciones fallaron estrepitosamente.
El número de alumnos de Educación Especial, incluyendo el de los casos más difíciles, se superaba cada curso creando un efecto “acumulación” para el que el sistema no estaba preparado. El MEFP, atrincherado en su miope negacionismo, se dedicó a desacreditar a quienes exigían soluciones a un problema que estaba perturbando considerablemente el funcionamiento de los centros y desquiciando al conjunto del profesorado. Al parecer, todo era una exageración. El MEFP cumplía con creces los imperativos normativos y los recursos aplicados a esta finalidad excedían, con mucho, los de otras comunidades autónomas. Como única respuesta se comenzaron a abrir “Aulas específicas” (hasta nueve) en sus dos modalidades (aulas tea y “sucursales” del centro específico). Esto era sencillo, cómodo y barato (bastaba con enviar al centro donde se ubicaba el aula de nueva creación, dos interinos y un efectivo del plan de empleo).
Lo cierto es que Ceuta carece por completo de las infraestructuras, la normativa, las plantillas y la planificación para gestionar adecuadamente la demanda de educación especial. El único centro específico está desbordado; las aulas específicas, están saturadas, la normativa (año 2010) está obsoleta e incompleta; las plantillas de profesores son insuficientes y las de personal laboral prácticamente inexistentes. Ante este panorama, el MEFP no tiene ningún plan de futuro. Ni una sola idea. Ni una iniciativa. El próximo curso se incorporarán al sistema, como mínimo, medio centenar de alumnos de estas características (diecisiete de ellos del espectro TEA, afectados muy severamente). Con destino al centro específico (San Antonio) se han diagnosticado treinta nuevos alumnos (en la actualidad está completo con casi ciento treinta) que sólo se podrán escolarizar aumentando la ratio (lo que equivale a reducir la calidad). La tendencia no sólo no se revierte, sino que se refuerza a un ritmo galopante. En la propia Dirección Provincial ya han saltado todas las alarmas. Ahora están tomando conciencia de la magnitud del problema y de las consecuencias de su evolución futura (“No hay solución”). Pero esta sensibilidad, devenida en inquietud e incluso en agobio, todavía no ha llegado a Madrid. Allí siguen pensando que “no es para tanto”. O, lo que es peor, no les preocupa lo más mínimo cuanto sucede en su remoto territorio de incómoda gestión.
A la vista de los hechos, lo razonable (y exigible) es que el MEFP hubiera iniciado las gestiones para construir un segundo centro específico (tardaría, en el mejor de los casos, tres años en estar operativo); hubiera revisado y actualizado la normativa para adaptarla a esta nueva realidad, y hubiera redimensionado las plantillas (tanto la de profesores como las de actividades complementarias). Pero nada de esto está sucediendo. Es un ejercicio de absoluta irresponsabilidad.
Quedan cinco meses para iniciar el próximo curso (prácticamente nada en términos administrativos), y los Presupuestos ya están cerrados, así que nos vemos abocados a afrontar, desde la más cruel indigencia de recursos, una nueva vuelta de tuerca sobre este monumental caos que, no olvidemos, tiene dos víctimas principales: el principio de equidad educativa y los procesos enseñanza aprendizaje del alumnado afectado.
Al menos, entre tanto despropósito, el MEFP podría poner en marcha dos iniciativas que están a su alcance, y que aún están tiempo de implementar. Sin duda, contribuirían (aunque fuera mínimamente) a mejorar tan calamitosa situación: por un lado, establecer un mecanismo que, respetando los derechos laborales de todos los profesores, garantice la máxima estabilidad posible de las plantillas que prestan sus servicios en la aulas específicas; y por otra parte, estudiar la forma de asignar “maestros sombra” (atención individualizada permanente) a los alumnos o alumnas más difíciles y complicadas (bien directamente mediante aumento de cupo, bien a través del Convenio que mantiene con la Ciudad).