La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (TCu) ha dado 20 días hábiles a la Ciudad Autónoma de Ceuta para que le remita antes de que concluya este mes el soporte documental y normativo que justificase el pago en 2018 de 15 premios de jubilación anticipada a otros tantos empleados públicos, así como las actuaciones realizadas, en su caso, para conseguir el reintegro de los 437.000 euros desembolsados contra el criterio de la Justicia.
También ha reclamado “nombre, apellidos, DNI, dirección a efectos de notificaciones y correo electrónico de las personas que efectuaron el gasto y de aquellas que lo fiscalizaron o aprobaron”. El objetivo del requerimiento es determinar si los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado “pueden ser o no generadores de responsabilidad contable por alcance”, es decir, si cabe reclamar a políticos o funcionarios la restitución de los fondos públicos abonados de manera presuntamente ilícita.
Según la documentación a la que ha tenido acceso El Faro, en 2018 se previó el pago de 18 cantidades por entre 13.041 y 48.903 euros a otros tantos empleados públicos, sobre todo policías locales, pero también bomberos, administrativos, vigilantes…
A primeros de septiembre del año pasado el interventor alertó en un informe de la apertura de diligencias preliminares en el Tribunal de Cuentas. El Gobierno decidió dejar “en suspenso” el abono de esos premios contra los que se había pronunciado el Supremo en marzo de 2018 y de 2019 al entender que suponían “una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las administraciones locales que carece de cobertura legal y de justificación”.
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, acordó en febrero incoar un procedimiento de revisión de oficio de varios artículos del Acuerdo Regulador y del Convenio Colectivo de la Ciudad, los que regulaban el abono de esas contraprestaciones, movimiento contra el que presentaron varias alegaciones tanto los sindicatos como algunos de los perceptores de esos premios.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas también ha propuesto estudiar si pudiera haberse generado responsabilidad contable tanto en el ICD como en el Parque Marítimo del Mediterráneo, en ambos casos por asuntos detectados o confirmados en la fiscalización de 2018.
En el primer caso, porque el Instituto Ceutí de Deportes mantenía al cierre de ese año deudas “no reconocidas ni contabilizadas” por 1,7 millones ligados a los servicios de monitores y socorristas en el ‘Díaz Flor’ y el ‘Guillermo Molina’, pero también por otros de limpieza, seguridad, suministros… El organismo recibió 68 reclamaciones judiciales que perdió sin excepción, viéndose obligado a desembolsar 261.000 euros en costas e intereses de demora que también podría caber reclamar a los responsables del dispendio.
Finalmente, el órgano fiscalizador detectó que ni la Ciudad ni el Parque Marítimo se habían preocupado por “recuperar” las cantidades abonadas por las tasas de ocupación y actividad que deberían haber pagado los nuevos titulares de dos locales transferidos a personas privadas en 2007.
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