Las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona de la
Guardia Civil en torno a los dos
incendios provocados en el Arroyo de Calamocarro en menos de un mes siguen su curso. Hay varias líneas encima de la mesa y ninguna concluyente, todas ellas encaminadas a saber si se trató de acciones provocadas -es decir causadas por pirómanos- o negligencias que derivaron en las situaciones graves de calcinación de hectáreas de uno de los puntos de la ciudad con mayor valor ecológico.
Sobre el terreno, los agentes del Instituto Armado han tomado muestras y buscado indicios, tanto
del ocurrido el 8 de julio como
el del 6 de agosto. Ambos importantes, que han afectado a una de las zonas de mayor valor de Ceuta y que mayores pérdidas irreparables ha causado. En el incendio del 8 de julio los Bomberos detectaron dos focos claros de un incendio que no pudo producirse por la mera acción del verano, fue provocado de noche. Lo que cabe determinar fue si esas llamas se produjeron por interés de una o varias personas en causar un daño en los montes o fue derivado de una acción en la que no se extremaron los cuidados y que derivó, debido al fuerte viento de aquella noche, en un desastre mayor hasta el punto de que se necesitó el apoyo de la UME.
La historia se repetiría el pasado 6 de agosto, cuando en el mismo lugar se produjo otro incendio. En este caso los guardias civiles contaron con varias testificales, pero no solo ellos; a los medios de comunicación también se le trasladó algunas impresiones de vecinos que apuntaban a que podría haberse cometido una negligencia por quemas que se descontrolan debido al efecto del viento.
Será la investigación del Instituto Armado la que determine los derroteros por los que marcha la aclaración de dos incendios que, en el plano medioambiental, han sido un auténtico desastre. Lo dicen los ecologistas de distintas entidades como Septem Nostra o la SEO, pero también lo avanza sobre el terreno la propia Obimasa a quien se le ha encargado un informe para que aclare los daños que se han producido para, a partir de ahí, llevar a cabo las labores de regeneración oportunas.
Oficialmente la Guardia Civil no da de momento información alguna, solo se ciñe a que se está trabajando en la investigación. Los resultados serán trasladados al juzgado para que actúe en consecuencia. En el incendio ocurrido en García Aldave en verano pasado no hubo suerte ya que de las investigaciones llevadas a cabo no se pudo derivar acción penal alguna al no darse con una autoría premeditada del incendio, que se encuadró más en una acción negligente.
La lista de incendios en Ceuta que han terminado con penas concretas es escasa por no decir que constituyen una mera anécdota. Al siniestro forestal en el Monte de la Tortuga, que sigue bajo litigio judicial, se suma el ocurrido en el Monte Hacho, que si bien llevó a la práctica de dos detenciones de chatarreros marroquíes que habían sido vistos por la zona, ambos quedaron libres al no encontrarse pruebas suficientes que, ante la instancia judicial, fueran suficientes como para justificar una condena ni, tampoco, una medida privativa de libertad.
Al margen de este debate puramente investigador, asoman las críticas ciudadanas por el mal estado de los montes debido a la acumulación de suciedad lo que no hace sino aumentar el riesgo de incendio que puede producirse en cualquier momento.
Daños de relevancia
Los daños que se han producido en la zona del Arroyo de Calamocarro son de gran interés ecológico, sobre todo porque se trata de un espacio protegido en donde se suma la pérdida de espacio natural y también de animales. Además, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS)
elaboró un plano sobre la superficie afectada por el incendio forestal del pasado 6 de agosto. La imagen por satélite permitió una medición más precisa de las hectáreas calcinadas que se estiman en 6,62.