Existen además declaraciones por dos presuntos pagos de 3.000 euros al exgerente de Justicia que son negados
La
investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en torno a presuntas irregularidades en la gestión y posterior destrucción de vehículos bajo depósito se extiende ya a lo largo de varios tomos, en los que los investigadores del Instituto Armado intentan desentramar qué pasó con estas labores.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha ordenado el levantamiento del secreto de sumario lo que ha permitido saber que además de las figuras de los investigados ya conocidos, como el exdelegado de la Gerencia de Justicia en Ceuta o el exgerente de Amgevicesa, también figuran como nuevas investigadas la que fuera presidenta del Consejo de Administración de esta sociedad municipal, Yolanda Bel, y la secretaria general, Dolores Pastilla. Ambas ya han sido llamadas a declarar ante los investigadores bajo la protección que supone figurar como investigadas por una presunta prevaricación.
Yolanda Bel y Dolores Pastilla, nuevas investigadas
En el caso de Bel, solo por figurar como la persona que firmó el decreto (porque era su competencia política) para la declaración de los vehículos que tenían que ser destruidos como residuos sólidos urbanos. En el caso de Pastilla, por ser quien elaboró el informe que venía a justificar ese decreto.
Tras la firma del mismo, se procedió a facilitar la retirada de vehículos depositados en un momento de especial presión por el elevado número de unidades que no solo se encontraban en una sede única del depósito que funcionaba como judicial, sino también en estancias como aparcamientos de Amgevicesa.
La Guardia Civil lleva tiempo investigando este asunto sobre el que asomaron alarmas después de que, en al menos dos casos, dueños de vehículos dieran parte por la desaparición, sin su consentimiento, de los mismos.
Fruto de las investigaciones de la Benemérita se puso el foco de atención sobre la destrucción de los coches, que dependían de Justicia o no, y a los que “por interés público” se les buscó una salida mediante dos expedientes. El primero se resolvió sin incidencias, dándose orden al depositario para su destrucción por parte de terceras personas. El segundo, en cambio, quedó paralizado al aparecer las primeras incidencias.
La investigación en torno a este asunto está judicializada en el número 2
Dos denuncias concretas habían sido notificadas a los investigadores de la Guardia Civil, abriéndose una investigación ahora judicializada en el número 2.
La Sección VI dictaba un auto el pasado 24 de enero en el que atendía el recurso de la Defensa del exgerente de Justicia (quien lleva tiempo destinado como funcionario fuera de la ciudad) contra su ingreso en prisión, que terminó siendo estimado por lo que fue puesto en libertad. Es el principal investigado en la causa por presunto cohecho y prevaricación, teniendo en su contra las declaraciones de un coinvestigado, testigos y la documentación aportada por la Benemérita sobre dos presuntos pagos de 3.000 euros que siempre han sido negados.
La "sorprendida" Justicia
Hace dos años y medio, la Administración de Justicia detectó y alertó en una Instrucción de que se venían presentando de forma "sistemática" facturas por distintos depositarios de vehículos que, "con atento oficio", eran remitidas a la Gerencia Territorial para su pago, hubiesen sido o no intervenidos judicialmente los automóviles a que hacían referencia.
“Esta situación era anómala ya que la mayoría de los vehículos que estaban depositados no estaban intervenidos judicialmente y los depositarios presentaban de forma extemporánea las facturas”, se reconocía. En la propia instrucción ya se advertía de que “la actitud de unos y otros” estaba generando unos costes de depósito inasumibles. Este asunto pone de manifiesto además la descoordinación que existía.