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Intervención autoriza el pago a SAMU de casi medio millón de euros

El órgano de fiscalización de la Ciudad ha dado luz verde al abono de la factura de septiembre y ya analiza la de octubre | La Fundación atiende actualmente a casi 100 niños migrantes solos

La Intervención de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado luz verde este lunes al pago a la Fundación SAMU de casi medio millón de euros, el importe correspondiente a sus certificaciones del mes de septiembre de 2022 por la atención que prestó a los niños migrantes solos tutelados por la administración local que atiende en el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza y Piniers, respectivamente.

Representantes de la Consejería de Gobernación, competente en materia de Menores, y del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad se han reunido por videoconferencia con la Fundación después de que haya vuelto a amenazar con no pagar sus sueldos en tiempo y forma a su plantilla para informarles del estado de las gestiones que se están realizando para el abono de sus facturas pendientes, que según la entidad suman algo más de 2 millones de euros.

El Gobierno de Ceuta ha vuelto a explicar que la deuda no se puede atribuir a falta de voluntad política o problemas de liquidez, sino al cumplimiento de los trámites administrativos de fiscalización.

La de octubre ya está también en manos de la Intervención de la Ciudad y las de noviembre y diciembre están siendo sometidas a las preceptivas revisiones por parte del Área de Menores.

Actualmente la Fundación SAMU atiende a cerca de un centenar de menores extranjeros no acompañados, la mitad en el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, en Hadú, y el resto en los recursos 'Aljarafe' y 'Triana', ubicados en Piniers. Por cada uno de ellos percibe alrededor de 70 euros por niño y día.

Los trabajadores de SAMU en Ceuta sufrieron retrasos en el cobro de sus retribuciones durante parte del año pasado después de que la Intervención pusiera varios reparos sobre la calidad y debida justificación de sus certificaciones, así como la extensión 'sine die' del decreto de emergencia de 2021 en el que se fundamenta el encargo que atiende.

En diciembre el Gobierno de Vivas sacó a concurso por segunda vez en tres años la acogida integral en cualquier punto de España de parte de 100 menores en cinco lotes por un máximo de 77,2 euros al día por plaza ocupada con un presupuesto total de 11,1 millones durante hasta cuatro años. La licitación quedó desierta.

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