De entre las ciudades y comunidades autónomas españolas Ceuta es la que menos delitos de odio -conocidos- ha sufrido en 2022. Así lo refleja el Informe sobre la evolución de este tipo de incidentes, -presentado este miércoles por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- en el que tan solo figura una infracción penal por cuestiones discriminatorias por razón de género o sexo. Una menos que en 2021.
Tristemente no es la norma. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el pasado año un total de 1.869 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 3,7 por ciento respecto a 2021.
Por comunidades autónomas, País Vasco se sitúa en el extremo contrario a Ceuta al concentrar el mayor número de denuncias (407), seguido de Cataluña (253), Comunidad de Madrid (237) y Andalucía (207).
El ministro ha explicado estos datos durante la reunión de la 2ª Comisión de Seguimiento del “II Plan de Acción de Lucha contra Delitos de Odio 2022- 2024”, donde se ha presentado el informe, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (Ondod) a partir de los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) por Policía Nacional, Guardia Civil,
Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y policías locales.
Grande-Marlaska ha recordado que los delitos de odio constituyen “un ataque frontal y directo” a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que constituyen el fundamento del Estado social ydemocrático de Derecho.
“Actuar contra los delitos de odio ayuda a mejorar la convivencia de una sociedad multicultural, formada por personas diferentes y, como consecuencia directa, nos ayuda a vivir en una sociedad mejor”, ha señalado.
Los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 755 hechos conocidos, son los más numerosos y representan el 43,5 por ciento de total de las denuncias. Le siguen los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (459 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos de ideología (245 hechos).
En cuanto a la variación interanual, los delitos de odio por discriminación por razón de sexo y género son los que sufren un mayor incremento, un 76,6 por ciento más que en 2021.
También destaca el ascenso de los delitos por aporofobia, que crecen un 70 por ciento, y por antigitanismo, que se incrementan en un 22,2 por ciento.
En la comparativa con 2021 descienden significativamente los delitos por discriminación generacional (57,1 por ciento), por razón de enfermedad (47,6 por ciento), por creencias o prácticas religiosas (25,4 por ciento) y por ideología (24,8 por ciento).
En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las lesiones (423) y las amenazas (338), seguidas por las injurias (116) y los daños (106).
El informe presentado señala que las Fuerzas de Seguridad del Estado esclarecieron en 2022 el 63 por ciento de los hechos y detuvieron o investigaron a 838 personas.
Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (59,4 por ciento), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (31,3 por ciento). Los menores de edad constituyen el 12,1 del total de victimizaciones.
En cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,9 por ciento del total de victimizaciones registradas.
Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (9,9 por ciento), por delante de Colombia (3,3 por ciento) y Senegal (2,1 por ciento).
El número de detenidos/investigados por delitos e incidentes de odio asciende a 838 personas, en su mayoría de sexo masculino (79 por ciento) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 27,6 por ciento del total.
Durante la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2022-2024, el ministro ha destacado “el enfoque transversal” del plan, que ha mejorado la cooperación entre las instituciones implicadas y el tercer sector “y ha puesto a la víctima en el centro de atención, tanto para asegurar su protección como para contribuir a la reparación del delito”.
En esa línea, Grande-Marlaska ha precisado que la reparación no debe entenderse desde un punto de vista únicamente material. “Debemos pensar en el resarcimiento moral, que puede ser incluso más importante para la víctima, al haber atacado su propia dignidad, su libertad o el libre desarrollo en igualdad de condiciones y oportunidades”, ha manifestado.
En su intervención, el ministro ha subrayado también “la gran implicación” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención y lucha contra los delitos de odio y se ha referido expresamente a la creación de “grupos policiales específicos y especializados”, como el Equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO), de Policía Nacional, y los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO), de Guardia Civil.
En este punto, ha dado cuenta del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para encauzar la colaboración y coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales en aspectos como la identificación, recogida y codificación de los incidentes y delitos racistas, xenófobos o conductas discriminatorias, así como garantizar una correcta atención y asistencia a las víctimas de delitos de odio.
A la reunión de la Comisión de Seguimiento han asistido, por parte del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, además del personal de la Ondod.
Por otra parte, también han intervenido el fiscal de sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar; la directora del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Karoline Fernández; la subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa; y la directora general de Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias, María Eugenia Simarro.
Además, han participado representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, así como representantes de ocho asociaciones del tercer sector: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Movimiento contra la Intolerancia, Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, Agentes de la Autoridad por la Diversidad (LGTBIpol), Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), Junta Islámica y Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
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