Interior no se considera responsable de la devolución de menores

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, uno de los dos altos cargos de Interior que según Deu, junto al ministro Grande-Marlaska, “mandó” expulsar a menores marroquíes no acompañados a su país al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, ha defendido este martes en Ceuta a las dos procesadas por prevaricación, la vicepresidenta y la exdelegada Salvadora Mateos, pero ha vuelto a eximir a su procedimiento de cualquier responsabilidad.

El juez y político cordobés ha defendido la actuación de ambas, pero también ha dejado claro que las administraciones competentes para las repatriaciones eran la Delegación y la Ciudad Autónoma.

“Tengo que ser muy tajante y mostrarme muy seguro porque realmente así lo pienso: estoy completamente seguro de que las administraciones implicadas, la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno, actuaron de acuerdo al principio de legalidad y sobre todo pensando y teniendo presente el principio de interés principal de esos menores que fueron objeto de devolución”, ha indicado.

La Delegación ya ha sido condenada en primera y segunda instancia por la vía Contencioso-Administrativa y ahora su anterior titular se expone, como Deu, a una vista oral penal en la que la Fiscalía pedirá de entrada 12 años de inhabilitación para ambas. A expensas de la resolución que la Audiencia Provincial adopte sobre sus recursos, el 'número 2' de Interior espera que el caso termine sin condenas.

“Respecto a los procedimientos por la devolución de los menores”, ha dicho Pérez, “respeto absoluto a las decisiones que se tomen en el ámbito judicial y colaboración absoluta con las investigaciones abiertas”.

Según el Informe 2022 del Defensor del Pueblo, Interior ha alegado que “carecería de competencia” para “reponer a los menores extranjeros no acompañados en los derechos que les fueron conculcados”, como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El secretario de Estado ha evitado pronunciarse sobre si la Delegación y la Ciudad, las instituciones estrictamente competentes en las deportaciones, tuvieron como colaboradores necesarios para la comisión del presunto ilícito investigado a uno o varios ministerios, así como sobre si espera que la causa penal no llegue ni a juicio oral

“Estoy seguro de que se actuó siempre de acuerdo con la legalidad y teniendo presente el principio de interés de esos menores y espero esta idea al final haga terminar el procedimiento teniéndola presente”, ha concluido.