El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha expresado su desacuerdo con la iniciativa aprobada en el Congreso que insta al Gobierno a derogar la Ley de protección de seguridad ciudadana y el rechazo en frontera, pues eso situaría a la Guardia Civil ante un “grave problema”. A preguntas de los periodistas tras girar visita a la ciudad hermana de Melilla, Martínez ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “tienen la obligación” de hacer frente a los intentos de entrada irregular “y necesitan para ello que el ordenamiento jurídico les respalde”.
Ello, ha afirmado, se hace “garantizando los derechos de todos”, entre ellos el derecho a la protección internacional de los solicitantes de asilo, para lo que ha recordado que existe desde marzo del año pasado una oficina específica en el paso fronterizo de Beni-Enzar, el más importante entre Melilla y Marruecos, que desde su apertura “ha tramitado muchas solicitudes de asilo” y otra en Ceuta, en el Tarajal, prácticamente inoperativa.
“Creo que es un equilibrio que nadie dice que sea fácil, que es complejo, pero las leyes deben buscarlo y garantizarlo porque proteger nuestras fronteras es un a obligación del Estado”, ha dejado claro el número dos del Ministerio del Interior. A su juicio, esta ley “está perfectamente medida, es absolutamente equilibrada y respeta los derechos y libertades”, y pretende ser “una forma de hacer frente a una presión violenta sobre la valla en el caso de Melilla y Ceuta”, algo que se hace “tratando de ponderar todos los derechos en juego y sabiendo que el perímetro fronterizo tiene que ser protegido”.
Martínez ha señalado que la Guardia Civil tiene un protocolo de actuación para actuar en la valla, con “un dispositivo claro y unos principios” que los agentes respetan y aplican “siempre con enorme proporcionalidad y rigor”, guardando “un difícil equilibrio muchas veces complejo entre la protección de quienes intentan entrar de forma irregular y la custodia de la frontera”.
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