Aprobada en el Congreso la iniciativa para derogar la ley de protección de seguridad ciudadana
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha expresado su desacuerdo con la iniciativa aprobada en el Congreso que insta al Gobierno a derogar la Ley de protección de seguridad ciudadana y el rechazo en frontera, pues eso situaría a la Guardia Civil ante un “grave problema”. A preguntas de los periodistas tras girar visita a la ciudad hermana de Melilla, Martínez ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “tienen la obligación” de hacer frente a los intentos de entrada irregular “y necesitan para ello que el ordenamiento jurídico les respalde”.
Ello, ha afirmado, se hace “garantizando los derechos de todos”, entre ellos el derecho a la protección internacional de los solicitantes de asilo, para lo que ha recordado que existe desde marzo del año pasado una oficina específica en el paso fronterizo de Beni-Enzar, el más importante entre Melilla y Marruecos, que desde su apertura “ha tramitado muchas solicitudes de asilo” y otra en Ceuta, en el Tarajal, prácticamente inoperativa.
“Creo que es un equilibrio que nadie dice que sea fácil, que es complejo, pero las leyes deben buscarlo y garantizarlo porque proteger nuestras fronteras es un a obligación del Estado”, ha dejado claro el número dos del Ministerio del Interior. A su juicio, esta ley “está perfectamente medida, es absolutamente equilibrada y respeta los derechos y libertades”, y pretende ser “una forma de hacer frente a una presión violenta sobre la valla en el caso de Melilla y Ceuta”, algo que se hace “tratando de ponderar todos los derechos en juego y sabiendo que el perímetro fronterizo tiene que ser protegido”.
Martínez ha señalado que la Guardia Civil tiene un protocolo de actuación para actuar en la valla, con “un dispositivo claro y unos principios” que los agentes respetan y aplican “siempre con enorme proporcionalidad y rigor”, guardando “un difícil equilibrio muchas veces complejo entre la protección de quienes intentan entrar de forma irregular y la custodia de la frontera”.