Imagen de la nueva cárcel de Fuerte Mendizábal.
El subsecretario de Interior, Luis Aguilera, el secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, y su directora de Recursos Humanos, Ana María Velasco, han negado que cometieran alguna irregularidad e ilegalidad en un concurso de adjudicación de plazas de funcionarios en marzo del pasado año en la cárcel de Fuerte Mendizábal.
Los tres cargos del Ministerio del Interior han comparecido en calidad de investigados ante la juez de instrucción número 25 de Madrid por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de plazas de esa resolución después de que el sindicato Acaip se querellara en noviembre contra ellos.
"La querella no tiene ni pies ni cabeza", ha dicho Aguilera, número tres de Interior, a los periodistas al término de su declaración, en la que, ha añadido, ha respondido a las numerosas cuestiones planteadas por la magistrada para aclarar que no hubo ninguna irregularidad.
Según los abogados de Acaip, Yuste ha rechazado también todas las acusaciones y ha explicado que él no tiene competencia en materia de personal y, por tanto, no participa en los procesos de redistribución de funcionarios en las cárceles.
Acaip, que habían pedido la suspensión de las declaraciones ya que Instituciones Penitenciarias sólo ha remitido información del citado concurso en las prisiones de Ceuta y Archidona, ha anunciado que volverá a solicitar la comparecencia de los tres altos cargos una vez el juzgado reciba toda la documentación que solicitó.
En su querella, el sindicato acusaba a los tres imputados de adjudicar plazas de funcionarios en puestos de trabajo que no existen, es decir, "se crearon plazas ad hoc", como por ejemplo, citan en su escrito, la plaza de jefe de gabinete en la prisión de Lanzarote, un puesto de coordinador de servicios en la de Villabona (Asturias) o la de jefe de servicios de la cárcel de Martutene.
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