El Gobierno se aferra a la defensa de la enmienda presentada al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana al considerar que “precisará con mayor seguridad jurídica el concepto de rechazo en frontera” de inmigrantes irregulares, algo que, a juicio del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, es “mejor para todos”.
El Ministerio hizo público un protocolo en el que viene a plasmar las actuaciones en la valla, publicado en la edición de ayer, pero que no ha reportado la tranquilidad a quienes tienen que tenerla: las fuerzas de seguridad.
El ministro rechazó ayer seguir hablando de ‘devoluciones en caliente’ y sí precisó que lo único que se quiere hacer es detallar “con mayor seguridad jurídica ese concepto de rechazo en frontera que viene realizando ininterrumpidamente la Guardia Civil desde hace diez años, de tal manera que tengamos todos más seguridad”.
Fernández Díaz ha asegurado que “mientras no se atraviesa todo el perímetro fronterizo evidentemente no se está en España a los efectos de aplicación de lo dispuesto en la ley de Extranjería” y ha rechazado entrar en lo que ha calificado como un debate “geográfico o topográfico que tiene muy poco de operativo. Yo podría decir que cuando se construyó el perímetro fronterizo se replanteó en algunos lugares para adaptarlo a la topografía, de tal manera que, siguiendo con ese razonamiento, podría decirse que personas que están metros por delante del perímetro fronterizo ya están en España, o que tocando la valla ya no lo están”, ha argumentado. Interior se ha topado con el rechazo de la AUGC y del SUP. La primera, representativa en la Guardia Civil, ha denunciado que con la reforma de Extranjería Interior deja al Cuerpo “a los pies de los caballos” y reclama un protocolo “integral” para los saltos. Habla además de fraude de ley porque supone “quitar unos derechos a los inmigrantes. Se tienen que dar garantías jurídicas a los guardias civiles, pero no a costa de que se les quiten derechos”.
AUGC destaca que “a los guardias civiles se les aplica una férrea disciplina militar. A nosotros, en labores policiales, nos aplican el Código Penal Militar y la obediencia debida. Tenemos dos procedimientos abiertos a dos compañeros por discutir la orden de un superior. El guardia civil no opina ni se le escucha y eso es muy peligroso, y por eso siempre pedimos que en labores policiales no se les apliquen normativas de fuerzas armadas”. El SUP, por su parte, quiere que se concrete cómo y cuándo bajar a inmigrantes de la valla, reprochando que en el protocolo de Interior no se concrete quién debe dar la orden, ni en qué casos ni de qué manera los agentes deben proceder a bajar a esas personas de la valla. Pide asimismo que se “dote de contenido” al término “sistema perimetral” y se deje claro dónde acaba y dónde empieza, adaptándolo al código de fronteras Schengen.
En clave local, Caballas ha denunciado que el PP quiere “convertir” en legales las “flagrantes vulneraciones de los derechos humanos” y aunque comparte que “es preciso adecuar la ley a una realidad como la de Ceuta y Melilla”, eso “no puede suponer, bajo ningún concepto, crear una zona libre de derechos humanos” para dar “carta blanca” al Gobierno.
