El informe jurídico elaborado por los técnicos de la Ciudad sobre la posibilidad de “integrar al personal de las Brigadas Verdes en
Obimace” considera que “no es jurídicamente viable” ni “conforme a derecho” en los términos planteados por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, cuando solicitó un dictamen al respecto y, en caso afirmativo, sobre “el cauce procedimental” que permitiría a los trabajadores ahora contratados por la
FPAV pasar a serlo de la sociedad municipal.
“Chocaría con la debida observancia de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad, profesionalidad, independencia, discrecionalidad de los miembros de los órganos de selección, adecuación entre el contenido del proceso selectivo y las tareas a desarrollar, y agilidad”, ha sentenciado el autor del dictamen.
La plantilla de las
Brigadas Verdes, que durante los últimos tres años
ha rechazado en asamblea o referéndum por dos veces ser subrogados en Tragsa, siempre ha tenido, al menos en parte, su acceso al sector público periférico como objetivo último.
El técnico firmante advierte que “son pocos los supuestos que permite nuestro ordenamiento jurídico para la integración, incorporación, subrogación, cesión o reversión de trabajadores, según la terminología que se emplee”.
“En esencia, cuando de personal laboral ajeno al sector público se trata, debemos acudir a las figuras de la cesión ilegal de trabajadores y de la sucesión de empresas, de los artículos 43 y 44 del Estatuto de los Trabajadores. Así, las garantías jurídicas de una y otra figura se concretan en la vinculación laboral con la entidad cesionaria, ya fuera en el supuesto de tráfico prohibido por cesión ilegal de trabajadores, ya ocurriera por subrogación como consecuencia de una sucesión de empresa”, amplía. A su juicio, “ninguno de estos supuestos concurre” en las Brigadas Verdes.
Sobre el segundo aprecia que “el hecho de que sea jurídicamente posible una subrogación por sucesión de plantilla no debe hacer confundir las causas con las consecuencias”. “Una transmisión de plantilla sería, en todo caso, consecuencia de la sucesión de empresa, pero no la causa que habilita a formalizar una efectiva sucesión de empresa”, diagnostica a partir de la hipótesis de partida planteada por Chandiramani, que no plantea la viabilidad de la operación dando por hecha la conveniencia de 'municipalizar' el trabajo que hacen las Brigadas, sino directamente que sus empleados “pudieran adquirir” la condiciones de trabajadores de Obimace.
Para terminar, el informe advierte que “la incorporación contaría con otras complicaciones jurídicas bajo el prisma de los principios constitucionales de mérito y capacidad”, pues la jurisprudencia del Supremo deja claro desde 2020 que “los principios de mérito y capacidad, si bien constitucionalmente se vinculan únicamente al acceso a la función pública, legalmente se han de entender referidos también a las sociedades públicas, como lo es Obimace”.
El último acercamiento se ha reducido a sostener las Brigadas por 3,2 millones
Esta pasada semana se conocía la
existencia de un acercamiento entre la Ciudad y la propia FPAV para el sostenimiento de los 134 trabajadores actualmente en nómina de la Federación, con un coste de 3,2 millones.
La Federación no tendrá tanto margen de maniobra como durante los últimos años, cuando ha seguido percibiendo 3,5 por ejercicio pese a haber visto reducida (al menos teóricamente de 154 a 134) su nómina de empleados en las Brigadas, pero tampoco caerá en la inanición económica.
A cambio de esa mano presupuestariamente más abierta, el Gobierno ha reclamado a la FPAV que ponga algo de orden en un proyecto con 15 años de trayectoria que ha ido recibiendo agregados de otros fallidos (como las Brigadas Cívicas del Príncipe) y que actualmente arrastra un porcentaje de mano de obra de rentabilidad indefendible.