Inspección de Trabajo y UCRIF se desplazaron a la escuela infantil para comprobar la situación laboral de los operarios
Ante la sospecha de que pudiera haber trabajadores sin contrato laboral y en régimen ilegal, Inspección de Trabajo y agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF se desplazaron en la mañana de ayer hasta las dependencias de la escuela infantil ‘La Pecera’ para comprobar en qué estado y situación se hallan los trabajadores del centro.
De tal modo, trasladados hasta el centro educativo de la barriada Juan XXIII, después de que tuvieran sospechas fundamentadas acerca de la presunta situación irregular de diversos trabajadores, tanto los agentes como los efectivos de Inspección de Trabajo comprobaron minuciosamente la situación de una escuela que aún está regida bajo el concesionario Arasti Barca, que se podría enfrentar a una sanción.
Según ha podido conocer esta redacción, Inspección de Trabajo y agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF, solicitaron, en el interior del centro educativo, al filo de las 13:00 horas, documentación personal y contrato laboral a miembros que se encontraban operando en distintas labores de adecentamiento. Fuera, en el patio exterior, la suciedad, con papeles copando cada metro, era más que evidente.
Esta visita de inspección se produce justo cuando ‘La Pecera’ se encuentra, tal y como informara El Faro en ediciones anteriores, en proceso para recibir un nuevo (o seguir con el mismo) gestor. En este sentido, cabe destacar que el Boletín Oficial de la Ciudad publicó el pasado 15 de julio las condiciones del contrato poniéndose de manera automática en marcha el proceso que debe concluir en la elección de una nueva entidad capaz de coger las riendas de una escuela que ha convivido siempre entre un clima de polémica, como se recuerda en el destacado de esta página.
La adjudicataria dispondrá de 891.648 euros durante dos años, a razón de 445.824 euros por cada uno de ellos. Cada anualidad abarcará del 1 de agosto al 31 de julio del siguiente año. El valor estimado del contrato, no obstante, asciende a 1,78 millones de euros ante la posibilidad de que los términos acordados puedan prorrogarse por otros dos años una vez vencido el primer bienio. El principal criterio de adjudicación será el precio más bajo en la relación entre la cuota de alumno/mes de entre todas las que presenten las empresas interesadas en hacerse con la gestión.
Gobierno y oposición, enfrentados desde hace años por la gestión de la escuela
La polémica en torno a La Pecera dio un giro de 180 grados en tan solo unos días. El 23 de agosto de 2013, la Ciudad defendió la gestión de la empresa pese a las críticas de la oposición e incluso llegó a anunciar una prórroga del contrato. Unos días después, el lunes 26, Caballas trasladaba a la Inspección de Trabajo el posible incumplimiento a la hora de cursar altas y bajas de trabajadores durante periodos vacaciones pese a seguir facturando lo mismo a la Administración. En el Consejo de Gobierno celebrado esa semana, el Ejecutivo cambiaba de opinión y confirmaba la rescisión del contrato. Entonces se calculó que el nuevo adjudicatario estaría elegido en un plazo de dos o tres meses. Desde entonces, la oposición denunció en varias ocasiones irregularidades en el pliego de condiciones, cuya versión definitiva se publicó hace semanas en el BOCCE. Caballas también se ha quejado en numerosas ocasiones de los retrasos acumulados en la elección de la nueva gestión del centro.
