Los inmigrantes devueltos a Marruecos el 23 de agosto no denunciaron malos tratos ni pidieron asilo en el país vecino

El Gobierno de España de Pedro Sánchez sigue pensando que la devolución exprés a Marruecos, el pasado 23 de agosto, de 113 de los 116 los subsaharianos que el día anterior habían accedido en grupo a Ceuta sirvió, gracias la colaboración del Reino alauita, para “enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas: la migración ordenada, segura y legal es posible, pero no la ilegal y violenta”.

“La cooperación hispano-marroquí en el ámbito de Interior persigue luchar contra las organizaciones criminales que trafican con personas”, ha resumido el Ejecutivo central socialista en su respuesta a una pregunta parlamentaria de varios diputados de Unidos Podemos como Ione Belarra.

Después de despachar multitud de iniciativas similares tanto en la Cámara Baja como en la Alta sobre esos hechos remitiéndose a la comparecencia de Grande-Marlaska del 29 de agosto, esta vez el Gobierno ha aceptado entrar al fondo del asunto. Y lo ha hecho para dejar claro, en primer lugar, que “se siguió el procedimiento establecido por la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros “previa tramitación del expediente individualizado en el que esas personas tuvieron acceso a asistencia jurídica gratuita y también les asistió un intérprete”.

También se realizaron “las comunicaciones que la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como norma subsidiaria y fundamental en toda detención, garantizan”. En cuanto a la materialización del proceso, “fue llevada a cabo por funcionarios de la Policía Nacional, siendo trasladados en vehículos celulares desde dependencias policiales hasta Marruecos, donde fueron entregados a las autoridades marroquíes”.

Sobre el procedimiento desarrollado en comisaría se precisa que cuando los migrantes llegaron “ya habían facilitado su identidad a funcionarios de la Brigada de Extranjería en el propio CETI asistidos por intérpretes de la empresa ‘Ofilingua”.

“Una vez se procedió a su detención se facilitó a estas personas asistencia de intérprete y de abogados del turno de oficio”, añade el Gobierno, que precisa que “fue proporcionada por un total de tres intérpretes destinados en la Jefatura de Ceuta y de doce abogados del turno de oficio”.

“Nadie pidió protección”

El Gobierno central remarca que “ninguno de estos migrantes solicitó protección internacional” y que “sólo dos personas declararon que eran menores de edad. “De las personas que fueron asistidas en el Hospital Universitario, tan solo uno de ellos precisó ingreso hospitalario. El resto de migrantes asistidos que no precisaron ingreso”, desgrana la respuesta gubernamental, “fueron llevados a Marruecos”.

“Cabe indicar”, puntualiza el Ejecutivo, “que no existe constancia de denuncias por haber sufrido malos tratos o torturas en Marruecos”.

El Ejecutivo español pone de relieve que Marruecos fue el primer país africano que ratificó en 1953 la Convención de Ginebra y en 1971 su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. En 1957 adoptó un Real Decreto que determina las modalidades de aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y por el que se crean la Oficina de Refugiados y Apátridas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como una Comisión de apelación en la cual participa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Desde 2014 ha puesto en marcha una serie de reformas sin precedentes en favor de los refugiados mediante su nueva política de inmigración y asilo, que tiene como referente la política migratoria y de asilo de la UE, con una señalada vocación humanitaria”, alaba.