Ayer se celebró un juicio sobre un delito de resistencia a la autoridad en el
Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta seguido contra S.Ch. que quedó visto para sentencia, después de que la magistrada escuchara al Ministerio Fiscal y al abogado de la Defensa. En este caso, a S.Ch. se le acusa de un delito de resistencia a la autoridad, ya que según testificaron los agentes tuvieron que forcejear con él para poder ser detenido e incluso necesitaron la ayuda de otro indicativo para poder reducirlo, detenerlo y llevarlo hasta dependencias policiales.
Este hecho ocurrió en pleno estado de alarma por la pandemia del
coronavirus, concretamente el 1 de abril a las tres de la madrugada, cuando el 091 recibió el aviso de que un gran número de inmigrantes alojados en el Pabellón de La Libertad habían conseguido escapar e iban corriendo por las calles adyacentes. Cuando el indicativo salió de camino al pabellón, en la Avenida Lisboa, vieron cómo un individuo iba a gran velocidad cuesta abajo y los agentes se bajaron del vehículo y le dieron el alto. El individuo, según cuenta el agente que declaró como testigo, no tenía intención de parar y su única intención era rebasarlo y escapar del lugar. Tras poder alcanzarlo tuvieron que forcejear porque no se dejaba detener y no pudieron hacerlo hasta la llegada de otros compañeros al lugar. Según explicó el agente levantó el brazo e iba perfectamente uniformado por lo que el individuo sabía que se le estaba dando el alto e hizo caso omiso de las señales de los policías. Incluso tuvieron problemas para poder meterlo en el zeta y llevarlo detenido a la
Jefatura Superior. Ahora tendrá que dictaminar la magistrada la pena, si es que la considera ya que el abogado de la Defensa pide la libre absolución al considerar que su defendido no hizo caso a los agentes por desconocer el idioma. En cambio el Ministerio Fiscal considera que S.Ch. hizo caso omiso de la petición de los agentes aún sabiendo que le estaban reclamando; además una vez que consiguen detenerlo forcejeó con los agentes una y otra siendo imposible detenerlo en una primera instancia y teniendo que requerir la ayuda de otros indicativos. Esos motivos lleva al Ministerio Fiscal a solicitar la pena de 12 meses de prisión.