La "injusticia" contra beneficiarios de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, al Congreso

La Asociación de Jubilados Policía Nacional de España (AJPNE) y la de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) han vuelto a presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular, con el propósito de terminar con la "injusticia social" que sufre el colectivo de pensionistas y beneficiarios de las mutualidades de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, con implantación en Ceuta, respecto al mismo colectivo de pensionistas y beneficiarios de la Seguridad Social. Las entidades han formulado esta ILP en referencia a la aportación económica que deben realizar en forma de copago farmacéutico, establecido para ellos en un 30 por ciento, sin límite de aportación.

El Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio con las mutuas MUFACE, MUGEJU e ISFAS para solicitar información acerca de los recortes detectados, sobre los que ha habido muchas quejas en Ceuta. Como ejemplo, AEGC denunció la indignación entre los guardias civiles por esa pérdida de coberturas médicas del ISFAS, poniendo en evidencia lo ocurrido al compañero Salvador Moreno Izquierdo, que murió de cáncer sin haber recibido cuidados paliativos.

Esta nueva ILP de AJPNE y RAGCE se ha presentado bajo la denominación 'Para la igualdad real y efectiva en la aportación económica que da acceso a la prestación farmacéutica ambulatoria entre los colectivos de pensionistas y sus beneficiarios encuadrados en la Seguridad Social y los pensionistas de las mutualidades de MUFACE, ISFAS y MUGEJU'.

Una "desigualdad" que se sigue "padeciendo hoy"

Como su propio nombre indica, hace alusión a la "desigualdad" que sigue "padeciendo hoy" este colectivo de pensionistas. La autora Marisol Camacho, a lo largo del texto legal presentado, deja patente esa diferenciación a la que aluden AJPNE y RAGCE, "no sólo ante la normativa nacional, con el quebrantamiento de los principios constitucionales básicos, que son la base de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, si no a su vez que esta desigualdad de la misma forma quiebra con los derechos y principios de la normativa Europea con relación al derecho a la salud, un derecho que por otra parte es Universal".

El texto presentado ante el Congreso incorpora la normativa de la Unión Europea y doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido. Con ello, ambas asociaciones anuncian que están dispuestas no sólo a llegar al Tribunal Constitucional, si fuera necesario al Tribunal de Estrasburgo.

El caso de Ana Nieves Quintero: con 721 euros de pensión, debe hacer frente a 200 euros de medicamentos

El 11 de febrero, con la intención de sensibilizar a la sociedad de la problemática "real" que sufre este colectivo y, especialmente el de viudedad debido a las "irrisorias" pensiones de las que disponen para hacer frente al copago farmacéutico, AJPNE y RAGCE hicieron pública una campaña a través de Change.Org.

Ana Nieves Quintero, viuda de Policía Nacional, cuenta para esta recogida de firma cómo con apenas 721 euros de pensión, debe hacer frente mensualmente al pago de más de 200 euros por los medicamentos que necesita para tratar los problemas de salud que padece, "un copago que asfixia su ya maltrecha economía".

"Alimentos o medicamentos"

Ana Nieves, indican AJPNE y RAGCE, es el "fiel reflejo" del colectivo de viudedad que en algunos casos llega a provocar que parte de este colectivo se encuentre en la "disyuntiva" de elegir entre pagar "alimentos o medicamentos". Por otra parte, nombre que se ha dado a la campaña pues expresa "la verdad de esta dura y triste realidad que sigue aconteciendo al día de hoy en nuestro mal llamado estado del bienestar".

AJPNE y RAGCE anuncian que empezarán en breve las ronda de contactos para recabar el apoyo de todos los colectivos perjudicados por este 30 por ciento. Además, avanzan que saldrán a todas las calles de España a recoger las más de 500.000 firmas que son necesarias para conseguir que se tramite en la Cortes Generales esta Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo final de que, como está dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, a misma capacidad de pago, se pague lo mismo por el acceso a está prestación farmacéutica tan necesaria, "dando fin a esta incomprensible e injustificada desigualdad".