El alcalde de Badalona va a ser juzgado por vincular inmigración y delincuencia. El caso se remonta a 2010, cuando se repartieron dípticos en los que se contenían fotografías de gitanos rumanos, a los que se les acusaba del incremento de la delincuencia en la localidad. Hay muchos más que también hacen estas comparaciones. En las mismas páginas del periódico que acoge este artículo, aunque, de momento, sin consecuencias penales. El caso es que la Fiscalía de allí y SOS Racismo, consideran que se podría estar ante un delito de provocación al odio, la discriminación o la violencia por razones de raza, que está tipificado en el Código Penal español.
Yo recuerdo una acalorada discusión que mantuve con algunos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado, hace ya algunos años, cuando atribuían el incremento de la delincuencia al incremento de los inmigrantes. Eran los años del pujante crecimiento económico español, impulsado fundamentalmente por las medidas liberalizadoras de la construcción en el litoral mediterráneo (ahora también se ha aprobado una medida similar). Entonces gobernaba, como ahora, el Partido Popular. Yo le argumentaba a este funcionario que para llegar a estas conclusiones se necesitaban estudios estadísticos de mayor profundidad que la simple presentación y descripción de los datos en una hoja de cálculo. Y le insistía en que los estudios científicos a los que yo había accedido no establecían esta relación. Años más tarde, algunas tesis doctorales que se han elaborado en España para esos períodos, corroboraban que no existía tal relación entre delincuencia e inmigración.
Cosa distinta es que ciudadanos de determinadas razas o nacionalidades cometan actos delictivos. Esto habrá que perseguirlo con los instrumentos del Estado de Derecho. Pero de ahí a criminalizar a los elementos del conjunto de esa raza, nacionalidad o religión, va mucho trecho. Ya sé que algunos intelectuales, incluso cercanos a la izquierda en algún momento de sus vidas, han escrito libros y realizado estudios intentando demostrar que hay razas y religiones, por ejemplo la musulmana, que son imposibles de integrar en los parámetros de funcionamiento de las sociedades occidentales. Me refiero, por ejemplo, al profesor Giovani Sartori, con La sociedad multiétnica. Pero también hay intelectuales y economistas, incluso cercanos al “neoliberalismo”, como Isaac Ehrlich, y antes que él, Gary S. Becker, que han ideado modelos matemáticos para analizar con criterios científicos lo que ellos denominan “economía del delito”. En casi ninguno de los estudios que se han hecho siguiendo estas pautas se han evidenciado correlaciones importantes entre la delincuencia y la inmigración.
El filósofo español Antonio Campillo nos dice en un magnífico artículo de opinión, que la humanidad se enfrenta hoy a retos inmensos que ponen en riesgo la vida, la libertad, la convivencia y la supervivencia misma de millones de seres humanos, pero que “carecemos de una razón común con la que afrontarlos”. Según él, ésta es la causa de la crisis del pensamiento occidental en la que nos encontramos inmersos, que necesita para solucionarse un replanteamiento de nuestra razón de ser, para adecuarnos a una sociedad global cada vez más compleja, interdependiente e incierta.
Yo creo que está en lo cierto. De lo contrario no se darían casos tan tristes como el citado al principio del artículo. O también otros en los que se intenta criminalizar a los partidos políticos o a los sindicatos, por el simple hecho de que algunos de sus miembros hayan incurrido en actividades ilícitas. Y es que, como dijo un profeta hace dos mil años, somos especialistas en fijarnos en la mota de polvo que hay en ojo ajeno, pero incapaces de ver la viga que tenemos alojada en el nuestro.
