La noticia de la condena en firme por un delito de lesiones contra dos policías locales de la UIR, dictada por el Tribunal Supremo y de la que informaba El Faro esta semana, ha desencadenado un auténtico movimiento de rechazo iniciándose de hecho una campaña de firmas para pedir el indulto. Dicha solicitud se ha distribuido en distintos puntos de la ciudad para que los ceutíes la suscriban en los próximos días, formando parte de un informe posterior que se presentará para conseguir que los dos agentes del Cuerpo municipal sean indultados. Al margen de esta actividad se están llevando a cabo otras actuaciones paralelas y no se descarta llevar una propuesta a pleno para que, desde dicho foro, se avale la consecución del indulto.
En la propuesta de petición de firmas se hace indicar que los dos funcionarios que han sido condenados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “intentaron actuar de buena fe, en defensa de la Ley y la Seguridad Ciudadana, demostrando un alto grado de profesionalidad, tanto en esta actuación como en el resto de las realizadas a lo largo de su carrera profesional, siendo la primera vez que ambos han sido condenados en un proceso judicial”, se indica.
En base a este fundamento, es por lo que se va a solicitar el indulto, “para no causar a éstos y por ende a sus respectivas familias un daño irreparable e irreversible”, se añade.
Conocido el fallo del Tribunal Supremo, el siguiente paso es que la Audiencia Provincial notifique la ejecución de la sentencia. Mientras existe este proceso se está procediendo a la recopilación de firmas y a la consecución de apoyos desde distintos sectores.
El Alto tribunal dio la razón al fallo de la Audiencia
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado con su fallo la sentencia condenatoria que dictara, el año pasado, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta contra los dos policías, fijando la pena de dos años de cárcel para los policías por un delito de lesiones agravado por el abuso de superioridad y atenuado por la concurrencia de dilaciones indebidas y modificando únicamente el periodo contemplado de inhabilitación especial de dos años a 22 meses.