Los médicos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (
Ingesa) amenazaban este pasado miércoles con una
huelga. El motivo, según explicaba Enrique Roviralta Arango, presidente del
Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y del Sindicato de Médicos a El Faro, es la penalidad que hace que los facultativos que trabajan en la sanidad pública lo compatibilicen con las clínicas privadas. El Ingesa no ha tardado en responder y defiende que, como parte de la Administración General del Estado, el personal del Ingesa se encuentra sujeto a la normativa de incompatibilidades, que permite compatibilizar el ejercicio de "actividades privadas al personal que perciba complementos específicos, o concepto equiparable, siempre que su cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica". Esto quiere decir que al superar ese porcentaje del complemento específico que reciben, estos médicos que ejercen en Ceuta y
Melilla son
penalizados quitándole esa parte de su nómina. En todo caso, recuerdan desde Ingesa que desde 1998 se permite que los facultativos que deseen ejercer su actividad también en el ámbito privado puedan renunciar al complemento específico "en estas condiciones". No obstante, los facultativos afectados perciben "un concepto retributivo de compensación" que alcanza prácticamente el límite del 30 por ciento "marcado en la normativa de incompatibilidades con cuantías que se incrementan, además, anualmente en el porcentaje previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones del personal". Asimismo, el Ingesa ha querido hacer hincapié en que el planteamiento de estos profesionales sanitarios, que implicaría el abono del complemento específico en la misma cuantía que sus compañeros que prestan sus servicios "con exclusividad" en el ámbito público del Ingesa, "conllevaría un grave perjuicio para la
sanidad pública dado que habría un incremento del gasto público, sin ninguna contrapartida en la mejora de la prestación sanitaria pública". Finalmente, han recordado que el 27 de enero de 2023 se publicó en el BOE la resolución del Ingesa, por la que se amplía tres meses más la vigencia del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, una medida "pactada por unanimidad con todas las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial", afean.