El Ingesa ha mostrado su malestar tras conocer la última denuncia efectuada por SATSE, que se centró en la crítica hacia la labor de la supervisora del Área Quirúrgica. Tras defender su profesionalidad y señalar que no se tiene constancia de denuncia alguna, Ingesa ha advertido al sindicato de Enfermería de que baraja emprender acciones legales. De hecho ya ha puesto en conocimiento de los servicios jurídicos la denuncia sindical, de la que ayer se hicieron eco los medios de comunicación.
“En relación a la petición del cese de la supervisora, queremos expresar nuestro total respaldo a la profesional a la que se hace referencia por entender que las acusaciones vertidas sobre ella carecen de fundamento”, apunta Ingesa.
Recalca la institución que “no hay constancia de denuncia alguna, ni verbal ni escrita, hacia esta enfermera con una amplísima trayectoria en el Ingesa de Ceuta y que ya ha ocupado con anterioridad puestos de gestión en esta institución”. Asimismo rechaza “la forma de exponer estas críticas al atribuir públicamente a la citada supervisora supuestas amenazas al personal, incitación al intrusismo profesional, imposiciones, prohibiciones, etcétera que han propiciado perjuicios a los trabajadores y a pacientes, según SATSE”.
“Por todo ello”, añade Ingesa, “estas acusaciones serán puestas a disposición de la Asesoría Jurídica del Ingesa para estudiar si procede emprender acciones legales al respecto”.
En el escrito remitido a modo de queja formal por el sindicato en la Gerencia, SATSE solicitaba el cese inmediato de la supervisora de Atención Quirúrgica por sus “actuaciones claramente irresponsables y arbitrarias” al margen de las órdenes de la Gerencia. “Estas decisiones, carentes de lógica alguna, han propiciado perjuicios a trabajadores y a pacientes”, dijo, en manifestaciones de las que se hizo eco El Faro ayer.
SATSE hablaba de amenazas a las enfermeras con cambiarlas de servicio “sin una justificación lógica y desoyendo los problemas que ello pudiera suponer” o denunciaba que la supervisora en cuestión había “impedido el acceso a la historia clínica de los pacientes por parte de las enfermeras de hospitalización, hecho este que impedía el correcto desempeño de sus funciones, pudiendo haber desencadenado problemas en la calidad de la atención sanitaria”.
