Ingesa también responde a la posible incorporación de mutualistas a la pública. Lo hace con una especie de mensaje de llamamiento a la calma tras la polémica con Muface, en el que asegura que, de darse este escenario, ello no repercutirá “significativamente” en la actividad asistencial de Ceuta.
La razón acorde con la entidad es que esta situación es “completamente manejable con los recursos actuales disponibles”. A su vez, aseguran que ello “no resultará” en un aumento notorio en la atención a los pacientes.
La institución se alinea con las palabras del Gobierno central, que ya ha dado a entender a través de medios de comunicación que este planteamiento es factible para el Sistema Nacional de Salud. “Su incorporación es una opción viable y razonable”, exponen, al mismo tiempo que acuden a cifras. “Supondría un incremento del 5,3% en el número de usuarios, que supera a la media estatal de 2,12%”, inciden.
“Esta subida no se traduce en un ascenso proporcional de la carga. Es considerablemente menor la actividad generada por los mutualistas, ya que la sanidad ya se encarga de los casos más complejos debido a la selección de riesgos realizadas por las aseguradoras”.
A su vez, trasladan que, desde el cierre de las fronteras con Marruecos, “ha experimentado una disminución del 34%”, detallan. “A pesar de esta reducción, los recursos humanos y materiales se han mantenido constantes”, narran.
El Sindicato Médico ya dio a conocer su posición sobre este asunto a este periódico. El presidente del mismo, Enrique Roviralta, aseguró que este traslado de pacientes supondría “un gran impacto” en la sanidad de la ciudad.
Un total de 4.189 beneficiarios tendrían que acudir a los centros públicos, siempre y cuando no se decanten por otro seguro privado. “En el caso de Ceuta y Melilla esto tendría un efecto brutal porque la proporción de funcionarios es muy alta”, destacó.
A ello se suma el obstáculo de unos “recursos limitados” en la ciudad en este sentido por lo que, afrontar esta cifra, no sería tan sencillo, tal y como indicó. La consecuencia más directa se lo llevarían las listas de espera tanto en consultas como en quirófanos, según expuso. Ante este posible paradigma que estudia el Gobierno central, declaró que “es una medida más técnica que política y eso traerá repercusiones negativas”.
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