Ante la emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19 desde el 14 de marzo del pasado año, muchas empresas han tenido que acogerse a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Sin embargo," la cara oscura" de estos despidos improcedentes se han visto reflejados tras detectar el Gobierno varios casos de fraudes de empresas que se han acogido a lo largo de la crisis sanitaria a estos despidos, recoge Vox-Ceuta en una nota, tras preguntar al Ejecutivo de la Nación por este asunto.
El Gobierno, a preguntas de Teresa López, asegura que “hasta el momento se han finalizado 32.736 actuaciones inspectoras, en las que se han detectado 5.266 infracciones”. Un inicio de procedimientos administrativos sancionadores “por el valor de 25.059.802 euros”, responde el Ejecutivo a López.
Además, el Gobierno ha manifestado que, dentro de las funciones del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto en marcha una serie de campañas de actuación “dirigidas a aquellas personas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo”, que traigan su causa, señala, en la crisis sanitaria derivada por la Covid-19. Sin embargo, el Ejecutivo no contesta a “cuáles son los trámites seguidos por el Ministerio de Trabajo para perseguir estas prácticas”, tal y como interrogaba la diputada nacional.
Ya a finales del pasado año, López preguntó al Gobierno por dichas infracciones que ascendían a 2.859. Tan solo cinco meses después, a fecha de mayo, el número de empresas sancionadas por esta práctica es de 2.407.
Hay que recordar que el Gobierno de la Nación autorizó los ERTE como salida a esta crisis y que los fomentó para evitar despidos masivos en las empresas. Los ERTE son los expedientes que da la posibilidad a las empresas de que sus trabajadores pasen al desempleo durante el tiempo que se haya considerado que la actividad estará frenada, como en este caso ocurre con el estado de alarma.
