La Secretaría General de la Asamblea se ha comprometido este lunes a emitir en el plazo de 24 horas un informe sobre si los Grupos Parlamentarios pueden o no consultar los listados de vacunados hasta la fecha contra la COVID-19 en Ceuta ponderando los derechos en conflicto a la información de los electos y a la protección de datos personales y sanitarios. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha elevado este lunes a la Mesa Rectora de la Cámara autonómica una propuesta para facilitar a los miembros de la Corporación interesados "la posibilidad de consultar cuantos documentos e informes obren en esta Administración y sean útiles para conocer, con el detalle que se precise, el destino y la aplicación de las vacunas contra el coronavirus que, hasta el momento, han sido recibidas". La Secretaría General ha advertido que la ejecución de tal voluntad política "podría" ser contraria a la Ley de Protección de Datos, por lo que la propuesta ha quedado encima de la mesa "hasta que emita un informe por escrito aclarando la cuestión". El plan original del Ejecutivo local pasaba por permitir a todos los Grupos Parlamentarios consultar en dependencias de la Consejería de Sanidad los listados de vacunados (la información facilitada por el INGESA sólo incluye números de afiliación a la Seguridad Social y no nombres) sin llevarse copias a partir de este martes en orden de mayor a menor representación. El proceso de vacunación contra la enfermedad del
coronavirus en Ceuta se ha visto envuelto en la polémica tras conocerse que diez personas de la Consejería de Sanidad, entre ellos su anterior titular, Javier Guerrero, y su directora general, Rebeca Benarroch, así como otros ocho técnicos en funciones no asistenciales, recibieron la primera dosis sin formar parte aparentemente de los colectivos señalados como prioritarios en la Estrategia Nacional del Ministerio. En idéntica posición se encuentra, por ejemplo, el director territorial del INGESA, Jesús Lopera, sobre cuya inmunización se han negado a pronunciarse más allá de justificarla en condicional tanto el organismo dependiente del Ministerio de
Sanidad como la Delegación del Gobierno, que ha eludido hacer ningún pronunciamiento al respecto pese a conocerse que el personal del Servicio de Partos, en "primera línea", ha sido excluido del proceso. El MDyC ya ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía por si pudiera suponer la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación y el Ministerio Público tiene la intención de "solicitar información" para decidir si procede la apertura de diligencias formales de investigación al respecto.