La confederación que agrupa a 925 entidades que trabajan en España con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo incorporará las recomendaciones a su plan de trabajo. Plena inclusión España considera muy acertado el contenido del informe del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el cumplimiento de España en relación a la Convención con el mismo nombre y espera que dicho informe suponga un nuevo impulso a las políticas públicas que se realizan desde las administraciones hacia este colectivo social. Para remarcar su importancia, su equipo jurídico está elaborando un documento en el que se comparan las conclusiones de este con el anterior informe de este mismo comité, dadas a conocer en 2011. “Entendemos sus observaciones como un respaldo al trabajo que desde Plena inclusión se está haciendo para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ampliamente mencionadas en el informe como uno de los colectivos que más vulneraciones sufre”, ha señalado Enrique Galván, director de Plena inclusión España. Plena inclusión, además, se felicita ya que las principales conclusiones del informe del comité de la ONU están incluidas en su plan de acción. Entre las que se citan, desde Plena inclusión se destacan las siguientes recomendaciones: Reconocimiento legal de que la denegación de ajustes razonables es una discriminación.
Garantía de que los espacios públicos cuenten con señalización e información en lectura fácil.
Reforma del Código Civil que elimine la sustitución en la toma de decisiones e implante mecanismos de apoyo a la toma de decisiones. Introducción de legislación que garantice la disponibilidad de ajustes en los procedimientos y apoyos específicos para personas con discapacidad intelectual. Garantía de programas de formación periódica a abogados, funcionarios de justicia, jueces, fiscales, agentes del orden público, incluidos policías y funcionarios de instituciones penitenciarias. Prohibición de la institucionalización forzosa y la eliminación del uso de medidas de contención por razón de discapacidad. Refuerzo de los mecanismos y protocolos dirigidos a prevenir la violencia y el abuso hacia las personas con discapacidad, en especial mujeres y niñas, y recopilación de datos sobre estas situaciones. Derogación de la legislación que permite la esterilización y realización de abortos sin el consentimiento informado de la persona. Reconocimiento legislativo del derecho a la asistencia personal, supresión del uso de fondos públicos para la construcción de instituciones residenciales e inversión en mecanismos de vida independiente en la comunidad. Implementación de medidas efectivas que garanticen el respeto del derecho a la privacidad de las personas con discapacidad intelectual en instituciones y servicios sanitarios. Realización de una reforma legislativa que reconozca la educación inclusiva como un derecho y formulación de una política integral que contenga estrategias que promuevan la inclusión en la escuela ordinaria. Garantía de la disponibilidad y accesibilidad a ajustes razonables en el ámbito del empleo y respeto a la cuota de reserva. Aseguramiento de que la estrategia nacional para la reducción de la pobreza incorpore la perspectiva de la discapacidad, incluyendo medidas específicas y partidas presupuestarias. Eliminación del sistema de copago de todos los servicios necesarios para la vida independiente en la comunidad.