Ceuta es afín a ciertas historias interminables. Ahí está
la obra de la Estación de Ferrocarril, que si nada se tuerce se inaugurará a finales de verano. Justo al lado tiene la asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN) de Ceuta, tan baqueteada por
Vox, su sede. En ella, como podía, recopilando subvenciones de aquí y allá, ha mantenido durante años el que podría considerarse el décimo octavo colegio público de la ciudad, el de los nadie, los inescolarizables. Sólo con Javier Martínez al frente de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Formación Profesional (
MEFP) se consiguió durante los últimos años algún avance (diez por curso como mucho y poder suplir el tortuoso empadronamiento oficial de la Ciudad por un informe de trabajadores sociales como certificado acreditativo de residencia) para los menores que, por vivir de forma efectiva en la ciudad, tienen derecho legal supuestamente inalienable a la educación. Tampoco se resolvió el problema, claro, porque en la institución de la Plaza de los Reyes nunca han sido de pisar callos de prejuicios, ni unos ni otros, ni antes ni ahora, y tampoco el PSOE de Manuel Hernández, igual de ambidiestro, ha alzado jamás la voz.
En marzo del año pasado, con el cierre a cal y canto de la frontera, parecía zanjado el debate sobre quién vive y quién no en Ceuta. De nada ha servido para los privados de pupitre oficial. Ante los bloques del Polígono Virgen de África, donde ahora se ubican las aulas de DIGMUN, en unas dependencias de la Administración local cedidas con ese fin previa rehabilitación por CCOO, se ven las mismas escenas que, unos pocos metros más abajo, ante el CEIP Ciudad de Ceuta: madres y padres que acompañan de la mano a sus hijos con mochila, besos ante la puerta, un adiós de mano a distancia y tres horas de separación. “Actualmente atendemos a unos 22 niños con entre 6 y 14 años en horario de 8.00 a 11.15 y de 11.45 a 15.00 horas agrupados por edades a través del proyecto ‘Creando futuro’, que durante varios años tuvo subvención de la Fundación Educo y ahora se mantiene gracias a las ayudas del IRPF”, explica Víctor Fernández de DIGMUN, que intenta mantener un calendario y un horario similar al de los centros oficiales para no dejar en el limbo a niños “de progenitores sin residencia, de kafala o cuyos salarios no permiten la reagrupación familiar con papeles pero que viven en la ciudad”.
“Aunque a muchos les cueste entenderlo y aceptarlo, España es un país en el que todos los ciudadanos y en especial las administraciones públicas tienen la obligación de adecuar sus decisiones y comportamientos a las leyes vigentes: uno de estos principios es el derecho de todos los menores al acceso a la educación, que no admite excusas ni recortes con independencia de su situación administrativa, su origen, su raza, sexo, religión o situación socioeconómica”, advierte FECCOO de Ceuta, que ha denunciado a la Fiscalía local la situación de los jóvenes menores de 16 años sin escolarizar en Ceuta.