Indulto, Amnistía y Autodeterminación

Los tres temas epigrafiados están ahora de candente actualidad. Y todo, porque el independentismo separatista pretende reactivar la tan manida cuestión de la independencia de Cataluña, intentando hacernos comulgar con “ruedas de molino”, presentando la falsa imagen de una supuesta región catalana anterior que ellos nos quieren vender independiente y soberana que, hasta en algunos círculos escolares catalanes, enseñan a sus alumnos que en el pasado fue “una de las repúblicas más antiguas de Europa”, cuando es archiconocido que jamás pasó de ser un mero condado y varios señoríos dependientes del Reino de Aragón, pero ni fue reino, ni república, ni nación”, ni “estado”, ni “soberana”, ni independiente, ni autodeterminada, ni cosa alguna que se le parezca.

Sin embargo, con motivo de haber celebrado recientemente los secesionistas el sexto aniversario del “procès,” han intentado promover y fomentar manifestaciones separatistas que han resultado ser todo un mayúsculo fracaso, dado que los convocantes, a pesar de haber inflado las cifras de manifestantes, se han tenido que conformar con las frases de que: han circulado, en el sentido de que: “La monarquía catalana es una de las más importantes de Europa. Aragonés plantea un pulso al Estado para lograr el referéndum, respetado y aplicable, más una “amnistía” que desemboque en la autodeterminación. El Parlament acuerda exigir el referéndum y que se ponga fecha a la amnistían para antes de 2027, resucitando la figura del “relator”. Puigdemont presiona con la amnistía total para los CDR procesados por terrorismo, provocando hasta siete manifestaciones en el sexto aniversario del “1-0”, cortando el tráfico de Barcelona en sus principales arterias, con sendas plataformas independentistas, como la B-10, B-20, C-31, C-32, incluidas la Gran Vía y la Avenida Meridiana”, etc. Y es que, los separatistas catalanes son tan insaciables y tan inasequibles al desaliento que llevan desde 1714 hasta cinco intentonas golpistas fallidas, pero siguen repitiendo que “volverán a hacerlo”. Y ya está bien de tanto hacer el ridículo.

También exigen ahora el pago de 450.000 millones a Cataluña por la que llaman “deuda histórica”. Han registrado en el Parlament de Cataluña la reclamación de plenos poderes autónomos para la Generalidad, que sería tanto como vulnerar impunemente los límites constitucionales arrogándose unilateralmente el más extralimitado de los poderes; exigen la condonación de la deuda catalana al Fondo de Liquidación Autonómica que alcanza a 85.000 millones desde 2012, reclamándolo como cuota de solidaridad con la “nación” que dicen es Catalunya, más los intereses de demora. Y, ya de paso, pues qué menos que debieran haber pedido también la luna, el sol, las estrellas y todo el arco del firmamento astral. A ellos, lo que dispone la Constitución en sus artículos 1, 2 y otros sobre la “indisoluble unidad española”, no les vale para nada, vuelan mucho más alto y están muy por encima del bien y del mal.

El “indulto” que pretenden, sí figura recogido en la normativa reguladora, aunque estableciendo el límite de que no se trate de un indulto general, sino que tendría que afectar sólo a determinadas personas en particular

El “indulto” que pretenden, sí figura recogido en la normativa reguladora, aunque estableciendo el límite de que no se trate de un indulto general, sino que tendría que afectar sólo a determinadas personas en particular, debiendo ser examinado caso por caso para que el mismo pudiera resultar razonado, razonable, justo y ajustado a derecho, pero nunca destinado a privilegiar a determinadas personas y en su único favor, en detrimento de otras personas con mayor legitimación para merecerlo, exigiéndolo a cambio de varios votos para favorecer, por unos cuantos políticos a otros tantos “políticos” separatistas, condonándoles las gravísimas fechorías que pretenden hacer de independizar a Cataluña de España y “a costa de la propia España”, por aquello de que allí “la pela es la pela” y creen que pueden comprar impunidad a cambio de unos votos. Eso atentaría contra el principio de igualdad ante la ley por mero capricho de un prófugo fugado de la Justicia que huyó de su país oculto en el maletero de un vehículo, para luego ir por la vida y por el mundo haciendo “teatro” y mofa, riéndose y humillando a España.

Como se sabe, ambas medidas de gracia, indulto y amnistía, tienen notables diferencias; las dos eximen de una pena impuesta, pero mientras que el indulto es un instrumento para perdonar la pena a personas que ya han sido condenadas, la amnistía es una medida de gracia que exime de una pena al perdonarse el delito y borrar su rastro, haya o no una sentencia o condena por la comisión de delitos, y extingue la pena, mientras que el indulto es el perdón. En él, no se pierde la condición de condenado, que sería reincidente en caso de cometer nuevos delitos.

Eso no ocurre con aquellos beneficiados por la amnistía, habida cuenta de que ésta es el olvido legal de delitos y la extinción total de la responsabilidad penal, aun cuando no borre la responsabilidad civil por los delitos cometidos por sus autores. La amnistía tiene naturaleza colectiva y, en Derecho Comparado, si acaso, suele concederse por razones de orden político de carácter extraordinario para conseguir algún bien general para la comunidad, como en los casos de finalización de una guerra civil o un período de excepción, según se señala en el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española, cuyos casos no se dan en el que nos ocupa, porque la amnistía ni siquiera existe en nuestra Constitución. Precisamente, ya se intentó colar en los debates previos a la aprobación de la Carta Magna, pero, al final, ´desistieron de, incluirla por no estar prevista la misma en el ordenamiento jurídico español.

La Ley de Amnistía de 1977 se aprobó como parte fundamental de la transición del franquismo a la democracia y con un espíritu de concordia, las asociaciones de memoria histórica llevan años denunciando que aquella medida ha impedido hasta ahora juzgar delitos con intencionalidad política cometidos antes de diciembre de 1977, porque aquella situación quedó ya entonces amnistiada o condonada.

Los independentistas catalanes, en su delirio secesionista cometido en octubre de 2017 cometieron un auténtico intento de golpe de Estado, por el que fueron condenados por el delito de sedición -luego, indultados en la presente legislatura, pese a que nunca los responsables pidieron perdón ni disculpa - todavía se vienen jactando, muy ufanados ellos, de que “lo volverán a hacer”, y continúan refiriéndose a la “maldita España que les roba”, les expolia, les oprime y les reprime, según ellos. Y todo eso creo que es falaz, ya que sólo Madrid aporta al Estado por IRPF un 12 % más que Cataluña, pese a tener la capital madrileña 300.000 declarantes menos que la capital catalana.

Respecto al llamado “derecho de autodeterminación”, jurídicamente, su existencia no es pacífica y ni siquiera es admisible para algunos territorios. Sólo fue ideado temporalmente en la década de los años 1960-70 para poder descolonizar los pueblos del tercer mundo y subdesarrollados que, por entonces, tuvieron que soportar el yugo de las grandes potencias colonizadoras. En la actualidad, es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. La libre determinación está recogida en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, aunque no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad.

Resoluciones de la ONU

También numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio y lo desarrollan: por ejemplo, las resoluciones 1514 (XVI) o 1541 (XVI), relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales. Es un principio fundamental del Derecho internacional público y un derecho de los pueblos, que tiene carácter inalienable y genera obligaciones “erga omnes” (frente a todos). La ONU afirma que este derecho sólo se puede aplicar a territorios sin autogobierno y que tengan motivos históricos; pero en ningún caso puede ser aplicados a regiones que ya formen parte de otro Estado y que tengan el propósito de separarse para romper el propio Estado del que ya forman parte y dependen. Y esto último es lo que no le entra a Cataluña, que deliberadamente urde tramas para separarse de España, pese a que no cuenta con ningún derecho nacional, ni europeo, ni internacional que lo ampare ni legitime. Todo los demás que los catalanes secesionistas, son meras ensoñaciones e ilusas aspiraciones.

El problema de Cataluña no es su financiación, que es la segunda de las regiones más beneficiadas respecto de las demás, ni los objetivos que, durante estos años, antes de suspenderse las reglas fiscales por la pandemia, le marcaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cumplir el déficit, que fueron de las más laxas, ni que el conjunto de España no la ayude, pues su deuda es colocada gracias al Tesoro. El verdadero problema de Cataluña está en la mala gestión: gasto público desmedido e impuestos altos, con creciente inseguridad jurídica que les hace perder empresas, actividad económica y empleo, despilfarro como el de invertir el dinero en falsas “embajadas” y creación de otros organismos internacionales ilegales sólo por el devaneo y la fastuosidad independentista ilícito orientado a crear, presumir y jactarse de actuar financieramente como si fuera una nación independiente con capacidad de potencia económica.

Y ahora quieren que les condonen la deuda del FLA, que es suya y que, simplemente, el Tesoro les hizo el favor de colocársela en los mercados porque ellos no podían debido a su pésima calificación crediticia, con su dinero homologado al “bono-basura”. Pero es que, además, ellos no se conforman ni con el indulto ni con la amnistía, sino que su destino final va mucho más allá: al pretendido referéndum de autodeterminación, tal como los propios independentistas al final han reivindicado.

Cataluña es una de las regiones mejor financiadas. De hecho, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) fue diseñado de manera bilateral entre el tripartito catalán liderado por Pascual Maragall y el Gobierno de España. Es más, los propios independentistas dieron el visto bueno al borrador de acuerdo antes de que el Gobierno de España lo propusiese al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo plagaron de retorcimientos estadísticos para beneficiar a Cataluña de manera que, al hablar de población ajustada, que es la que se emplea para distribuir los distintos fondos, ellos utilizaron unos ajustes, unos grupos de edad y unos intervalos que aproximaban la población ajustada de Cataluña a su población real mientras que a Madrid le hacían perder muchos habitantes a considerar a la hora de repartir los ingresos.

Cataluña es la que más fondos ha recibido del actual SFA desde su puesta en marcha en 2009 hasta 2023. Al mismo tiempo, tanto que los separatistas claman por su independencia, debido a lo que consideran el maltrato de Madrid, y, sin embargo, no dudaron en renunciar a su autonomía financiera para alargar la mano y que su endeudamiento lo cubriese el Tesoro a través del FLA, pues la pésima gestión de sus gobiernos la había convertido en insolvente, con su calificación crediticia a nivel de bono basura.

De esa forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA, ni más ni menos que 98.730,1 millones de euros entre 2012 y 2023, más otros 19.765,8 millones del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el conocido como "FLA bueno". Es decir, a Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los propios datos publicados por el ministerio de Hacienda. También Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba en su caso por no poder colocar su deuda, debido a su insolvencia. De esta manera, el ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.465,60 millones de euros, un 21,40 % de todos los recursos del plan de pago a proveedores.