La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la causa de Ceuta, María Tardón, está dispuesta a llegar hasta el final. Lo está demostrando con la petición de informes, solicitud de interrogatorios e insistencia en la entrega de pruebas para ir avanzando en un camino que debe quedar claro porque, primero, los ceutíes lo merecen y, segundo, existe una responsabilidad que pedir.
Lo que sucedió en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio no se puede olvidar con un ‘vamos a pasar página’ como parece pretenderse desde algunos frentes.
Hay que saber sin medias tintas qué sucedió, quién estaba informado de lo que podía ocurrir, qué alertas se emitieron, cómo se respondió a las mismas y quiénes promovieron lo que fue un auténtico ataque.
Todo esto debe saberse. También el papel de quienes, estando ocupando puestos de responsabilidad, no se encontraban donde debían, habiendo incurrido por tanto en una dejación de funciones que ha dado calor a todo este caos.
Esta semana se han ofrecido nuevas testificales que han sido coincidentes en un punto: la implicación de Marruecos y su pasividad.
Todos los presentes coinciden en que el vecino país nada hizo, en que más bien promovió con su inacción que miles y miles de personas cruzaran por el espigón.
Y lo que es más grave, altos cargos de Marruecos se encontraban en la zona fronteriza sin actuar, permitiendo que el caos se adueñara de todo un escenario marcado por la tragedia y la tensión.
Altos cargos y agentes marroquíes sin ejecutar ni una solo orden para detener la auténtica marea humana que se organizó.
Marruecos no cuidó su frontera, más bien permitió que la línea quedara desdibujada a base de una entrada masiva interminable.
Hay más de 140 muertos, hubo un colapso de toda una ciudad, se puso en jaque la integridad territorial de todo un país. Esto no puede quedar en el olvido. Hay que llegar al final. No se puede pretender que todo quede en el olvido, ni tampoco se debe tapar esta situación a base de anuncios, ayudas y promesas. Que están bien, sí. Pero no tienen la envergadura para callar a la verdad.
La mayor humillación para un pueblo y para todo un país sería permitir que todo este asunto se cierre en falso, sin haber llegado hasta el final esclarecedor de qué es lo que sucedió hace casi 3 meses para llegar a este desastre.
La jueza ha pedido la desclasificación de más informes, también ha solicitado documentos, correos electrónicos, nombres de agentes… Ha pedido todo lo necesario para seguir avanzando en un caso en el que sigue habiendo un choque importante de versiones.
El CNI insiste en que avisó, informa de que todos los ámbitos eran conocedores de la situación anómala que se avecinaba. El Ministerio del Interior mantiene que nunca se conoció un suceso de esa magnitud, niega alertas que anticipasen algo similar.
Los tiempos son muy importantes en todo esto que ha ocurrido. Son claves, hay que respetarlos, como también hay que cooperar para que todo lo que esté siendo requerido por el poder judicial se obtenga.
Entre un ambiente de enfrentamientos y politización no cabe más que la fuerza de una justicia que tiene la encomienda de satisfacer las necesidades de todos los españoles, de los caballas, de los ciudadanos que necesitan conocer qué hubo detrás de todo este descontrol.
