En el extraordinario de fin de año de El Faro de Ceuta, publiqué un articulo manteniendo que los ceutíes éramos ciudadanos españoles de tercera categoría a propósito de la imposibilidad de matricular un coche en la Península. Debo rectificar ya que, después de la última experiencia, creo que somos de cuarta. Y me explicaré.
Una conocida editorial jurídica publicó cierto Diccionario técnico que me interesaba recibir urgentemente y lo pedí para una empresa contra rembolso de su importe que eran 38,46 euros. Era consciente que me iban a cobrar el IVA y lo tenía asumido porque, si me pongo a explicarles la situación fiscal de Ceuta, habría perdido el tiempo. Facilité todos los datos que solicitan para los envíos a esta ciudad, pero no a otras, y quedé a la espera.
El envío salió de Madrid el 13 de enero de 2014 y, entre impuestos y gastos de envío, el dichoso Diccionario, se puso en 44 euros. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA que desde el 29 de junio de 2001, ya no es un servicio oficial, sino una compañía mercantil como tantas, remitió el largo impreso que se reproduce, avisando de la llegada el 23 de enero del célebre Diccionario técnico, con lo que ya vamos por 10 días. Correos encabeza el folio con este nombre y no con el de la compañía mercantil en que se ha convertido, seguramente para seguir comportándose como un organismo, vicio que aqueja a muchas sociedades públicas. En este impreso se permitía advertir, escribiendo en nombre de otros, que “la Agencia Tributaria y el Gobierno de Ceuta exigen la presentación de una declaración de importación (DUA) y el pago, en su caso de los tributos que se hayan devengado con motivo de la importación”. Después, tras esta apariencia de encargo oficial, se explicaba un complicado procedimiento para poder retirar el Diccionario, advirtiendo que se devolvería al remitente el 2 de febrero, si no me daba prisa.
Como existía la posibilidad de hacer los trámites a través de un Agente de Aduanas, contacté con algunos estos. Me respondieron que desistieron de hacer estos trámites porque Correos se había dedicado también a esa vieja profesión y era complicado actuar con eficacia. No tuve más remedio que rellenar el impreso, escanear y enviarlo a la dirección del mail de Correos en Ceuta, otorgando poderes a esta sociedad para actuar en mi nombre (lo que tuve que hacer forzado por las circunstancias). No quiero ni pensar en los que no dispongan de un scanner.
Cuando mandé el mail, una empleada se personó en Correos para retirar por fin el libro y, tras una espera de 35 minutos, dijeron que lo llevarían a la dirección del destinatario. Esperamos dos días y regresaron al no recibirlo con nueva comparecencia y otra espera, esta vez de tres cuartos de hora. La respuesta fue que el cartero lo llevó al domicilio, estaba cerrado y no lo había devuelto todavía a Correos. Al día siguiente, inasequible al desaliento, otra comparecencia tras aguardar 40 minutos y por fin le entregaron el Diccionario, después de pagar 61,49 euros y perder dos horas en total.
Ante la sorpresa del costo final del libro, comprobé que habían cobrado 17,49 por los trámites en Ceuta, de ellos 12,84 por el DUA y el 9% de IPSI por ese DUA (sic), cantidad de dudosa procedencia que nunca antes se pagó, ya que el documento aduanero no es un servicio. El total de 14 euros encareció el Diccionario en casi un 40%.
Después intervino la Ciudad Autónoma y, sobre el precio del libro con IVA (sic), cargó el IPSI correspondiente que supuso 0,25 que son ganas de molestar, ya que la burocracia y el papeleo seguro que costó más.
Por todo esto, no parece conveniente pedir artículos por correo ya que, al tener que soportar los mismos trámites que para un contenedor de televisores, sería más rápido, fácil y barato pedir los encargos por alguna de las empresas de mensajería existentes en la ciudad, si no se encuentra el artículo en Ceuta.
Mi conclusión es que todo esto indigna al ciudadano que siente además vergüenza ajena y, desde luego, me sonroja que se permita esta actitud a una sociedad anónima que, llevando la legislación al límite y en mi opinión más allá, asume servicios que no es capaz de prestar con eficacia. Ni siquiera la entrega de correspondencia se realiza en tiempos racionales y ello dejando aparte a los empleados, ya que las responsabilidades van más arriba. Computando todo el tiempo empleado y las cantidades pagadas, un simple Diccionario duplicó su valor para poder llegar a las manos de un ciudadano, tras 17 días de espera.
Pero es que además existen, en mi opinión, motivos para comunicar el caso a las autoridades de competencia. En primer lugar porque el impreso de Correos que anuncia la llegada del envío dice que si el destinatario decide retirarlo “por sus propios medios” debe afrontar nuevos trámites previo “pago de los derechos de administración correspondientes”, todo lo cual resulta realmente disuasorio. Podríamos estar ante un abuso de posición dominante, ya que son afirmaciones de la sociedad anónima Correos que tiene en su poder el paquete en condiciones de privilegio. Además, también sería preciso estudiar si existen prácticas restrictivas de la competencia, al marginar, de facto, a los que se llama en el impreso “representantes aduaneros diferentes de Correos”. De esta forma, quizás intentan evitar que se recurra a los tradicionales Agentes de Aduanas que, en general, venían desarrollando eficazmente su labor y ocupándose, tanto de la tramitación del IPSI como del propio despacho aduanero, liberando al destinatario de engorrosas gestiones.
Es necesario añadir que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) sucesora de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) tan conocida en Ceuta, ha incoado algunos expedientes en otros temas a Correos, tanto por las mencionadas prácticas restrictivas de la competencia, como por abuso de posición dominante, en un caso con multa de 8,17 millones de euros.
Estimo que es la Ciudad Autónoma la que debe enfrentarse a la situación decididamente y en el plano jurídico, porque así se convertiría de una vez en la defensora activa de los derechos de los ceutíes y de su Régimen económico-fiscal (REF). En mi opinión, el citado REF está siendo restringido continuamente, convirtiendo a los que aquí vivimos en ciudadanos al menos de cuarta categoría que deben sufrir, no solo esos retrasos imperdonables en cosas tan sencillas, sino decenas de situaciones que ralentizan y ponen en peligro la actividad económica y social de una ciudad maravillosa, a pesar de todo.