Hacen ya 16 años desde que España asumió el Pacto de Toledo como la hoja de ruta para lograr la estabilidad financiera del sistema de Seguridad Social. Fue en 1995 cuando se incorporaron importantes cambios y entre ellos se encuentra el siguiente: “Creación de un sistema de financiación independiente para la Sanidad Pública que no está vinculado con las cotizaciones a la Seguridad Social y poder hacer efectivo realmente el derecho de acceso a la sanidad y asistencia sanitaria universal.”
Es decir, que desde esa fragmentación, la Sanidad Pública no depende ni económicamente ni jurídicamente de la Seguridad Social. Los gastos sanitarios se sufragan con cargo a los Presupuestos Generales y salen de impuestos como, por ejemplo, el IRPF.
Lo único que quedó vinculado para mejorar los sistemas de protección y acceso universal a la salud, fue el número de la afiliación y el del sistema sanitario, que en la actualidad siguen siendo el mismo.
Aun existiendo esta desvinculación presupuestaria entre la Seguridad Social y la Sanidad pública, se mantiene como requisito indispensable estar dado de alta en la Seguridad Social, esta incongruencia y este atentado al estado del bienestar ha permitido que los parados de larga duración, que se han quedado sin asistencia sanitaria tengan tres opciones, solicitar la cobertura como persona sin recursos, inscribirse como beneficiaros de la cartilla de un familiar (cónyuge, ascendiente o descendiente), o pagar sus visitas.
Si la sanidad es universal para toda la población española, y si además no se paga con dinero de la Seguridad Social sino con impuestos directos, ¿por qué sigue existiendo en este país la tarjeta de beneficiario y personas sin asistencia sanitaria? ¿Por qué a casi 300.000 españoles se les ha estado negado el acceso a este derecho?
25 años han transcurrido desde que se aprobó la Ley General de Sanidad, y todavía no es plenamente efectiva la universalización de la asistencia sanitaria pública. Se hará por fin efectiva el próximo 1 de enero de 2012, gracias a la Ley General de Salud Pública, aprobada en julio por el Congreso. La medida costará, según el Ministerio de Sanidad, unos 100 millones de euros. Hasta entonces, los afectados solo tienen derecho a la gratuidad en la asistencia de urgencias. Parece que por fin avanzamos, esperemos que a nadie se le ocurra dar un paso atrás.
