¿Juicio a la Guardia Civil?

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acogió ayer la celebración de un juicio cuando menos distinto.

De entrada, tanto denunciante como acusado eran abogados, además de que el primero fue guardia civil en el momento de producirse los hechos enjuiciados ayer, y el segundo lo sigue siendo, ahora como capitán. El delito que ha llevado a que ambos diriman sus diferencias ante un tribunal tampoco se estila en demasía entre la ristra de casos que llegan al máximo órgano judicial: un delito contra la integridad moral. Ese es el que, según el denunciante, Juan Manuel G.L., cometió el acusado y capitán del Instituto Armado, Francisco Luis G.N. Por ello le solicita poco más de 4 años de prisión (ya que incluye otro delito de denuncia y acusación falsa) a lo que añade una indemnización de 300.000 euros por los daños morales sufridos en una campaña de continuo acoso hacia su persona que se habría llevado a cabo en la Guardia Civil en el año 2001, cuando él era subordinado de quien ahora se sienta en el banquillo que tenía, por aquel entonces, rango de alférez. El Ministerio Fiscal mantiene acusación también, pero menor, de 15 meses, por un delito contra la integridad moral, mientras que la defensa, representada por el abogado Jorge Martín Amaya, solicitó la absolución al entender que no se daba el tipo delictivo propuesto. El juicio no habría tenido mayor protagonismo que el que de por sí tiene el sentar a un capitán del Benemérito Cuerpo en el banquillo, si no fuera porque en las más de ocho horas de juicio salieron a colación episodios sobre el modo de proceder que se estilaba en el cuartelillo de Hadú en aquellos inicios del año 2000 que llegó un momento en el que parecía que se estaba juzgando no ya al alférez ahora convertido en capitán sino a toda una Comandancia y los tipos de procederes que llevaban a cabo.
El primero en declarar fue el denunciante Juan Manuel G.L. que se defendía así mismo y representaba, por tanto, los intereses de la Acusación Particular (o sea, de él). Éste narró a preguntas del Ministerio Fiscal cómo sufrió una auténtica campaña de acoso por parte de quien era su jefe directo, el alférez. Reconoció que cuando se conocieron su relación era bastante normal, incluso llegó a tildarla de buena, pero la misma se fracturó a raíz de la presentación de una serie de denuncias que terminó transformando esa inicial normalidad en un auténtico enfrentamiento que ha parido dos procesos: uno en el  Togado Militar, ya archivado, y otro por la vía civil, el que ayer terminó con la celebración de la vista oral en la Audiencia.
Los días 14, 15 y 16 de abril de 2001 fueron claves en toda esta historia. El denunciante había detenido a un joven de Los Rosales, toxicómano, por un hurto. Esa detención coincide con un movimiento interno que realiza, que es el de dar parte a la cúpula de lo que él había considerado una actitud no adecuada del alférez al haber menospreciado verbalmente en su presencia a  los mandos. Aquello derivaría en la apertura de un expediente disciplinario contra el alférez. Según mantiene el denunciante, el alférez supo que él había sido el que había dado parte de él y, llevado por la venganza, habría presentado una denuncia en el juzgado número 1 (el que estaba de guardia) acusándole de presuntas torturas al toxicómano detenido.
A raíz de ahí comenzaría lo que una parte ha entendido como acoso lo que le ha llevado hasta el juicio de ayer y lo que la otra, sencillamente, entiende que no fue más que la adopción de una decisión porque sospechaba que se había cometido una irregularidad en esa detención.
En el juicio de ayer cada parte expuso sus tesis. Mientras el denunciante culpó al por entonces alférez de haber mantenido una campaña continuada de acosos y humillaciones durante cuatro años, el denunciado negó la mayor y repitió hasta la saciedad que jamás de los jamases había pretendido acción delictiva alguna contra la moralidad, el honor o la integridad de quien llegó a ser su subordinado. Y entre medias de todo esto la Comandancia de la Guardia Civil, los mandos políticos que dictaban órdenes variables y oportunistas, denuncias, malestares y hasta unos rumores periodísticos que eran analizados por los servicios internos para dar lugar a expedientes de chiste.
En su tesis, Juan Manuel G.L. mantuvo que siempre sospechó que detrás de las declaraciones de aquel toxicómano detenido (que tan pronto decía una cosa como después decía otra) estuvo quien era su jefe. Llegó a declarar que la situación en la Comandancia, al menos hacia su persona, se había vuelto “inestable” e insostenible que le tuvieron, primero, que cambiar de lugar de servicio (estaba destinado en la puerta del cuartel y fue al muelle para no tener cruce alguno con el alférez), para, después, terminar acudiendo al Togado Militar para solicitar amparo. ¿Amparo por qué? Porque esa presión no venía, a su juicio, de cualquier persona, sino de un superior que además “estaba casado con una personalidad en Ceuta”, sentenció, en alusión a que su por aquel entonces mujer tenía a dos hermanos políticos influyentes: uno en el Ayuntamiento y otra en Sanidad. Esa importancia tenía otro añadido más: se trataba de un converso, así que en una época de presiones políticas protagonizadas por Mizzian, en los años duros de críticas a las fuerzas de seguridad y de denuncias de racismo, amén de amenazas radicales, esa condición de musulmán parecía tener más relevancia. El denunciante calificó la situación de “insoportable” y confesó que el respeto que se le tenía como guardia civil se “deshizo” en un momento por el acoso al que habría sido sometido. “Pasé de ser un guardia civil respetado”, tanto en sus servicios en el País Vasco como en Ceuta, “a ser una piltrafa”.
Al final, siendo hijo, nieto y bisnieto de guardias civiles, tuvo que abandonar las filas del Cuerpo, viéndose obligado a cerrar esa etapa de su vida, no por culpa de quien ayer se sentaba en el banquillo, aunque, dijo, sí que él fue “el detonante” de esa situación. Juan Manuel G.L. encuadró los hechos en un momento de presión en la Comandancia, en un 2001 en el que el acusado “estaba denunciando a toda la oficialidad, quería poner a los pies de los caballos a toda la Comandancia... arremetiendo incluso contra el teniente coronel”, dijo, aludiendo al mando Julio Quílez que llegó a ser denunciado por unas presuntas lesiones ocurridas en su despacho, caso que quedó archivado.
La visión que de los hechos aportó el denunciado, Francisco Luis  G.N., fue completamente distinta. Justificó la denuncia por presuntas torturas ante el juzgado (algo que además trasladaría por la vía interna en la Comandancia) no por un ánimo de venganza contra su subordinado porque se hubiera enterado que éste había dado parte de él a los mandos. Dijo que lo había hecho porque “pensaba que las cosas se podían haber hecho de otra manera”, ya que apreciaba indicios de que la detención de ese toxicómano no se había llevado a cabo de la forma más adecuada. Primero por la corpulencia de unos guardias robustos ante un delincuente enclenque y segundo porque consideraba que la forma de proceder no había sido “razonable”. Aseguró que poco a poco fue teniendo un conocimiento gradual de lo que había ocurrido, obteniendo datos nuevos que presentaría ante el juzgado. “Me llegó que las cosas no se habían hecho bien”, dijo, indicando que uno tiene “que defender a sus hombres” aunque llega un momento “en que hay cosas” infumables. Una llamada anónima le sirvió para que le comunicaran que se había producido un exceso en esa detención, y aseguró que tuvo certeza de que el comportamiento del agente Juan Manuel G.L. no había sido el adecuado por lo que acudió a denunciarle, no por ánimo de venganza. “El perjudicado era un toxicómano, que no quería problemas con nadie, pero eso no significa que deban permitirse cosas así”, apuntó. “Para nada denuncié por venganza, bajo ningún concepto”, añadió.
Si el denunciante se había hecho eco de su buena trayectoria profesional supuestamente truncada por la presión de quien fuera alférez; el acusado también mentó la suya, aunque lo hizo de manera más directa, sin escatimar en detalles sobre un modo de proceder, el suyo, que chocaba con la Guardia Civil y los mandos de la época, que, en buena parte, son los mismos que ahora. “Vine a trabajar”, dijo, llegando destinado a una Comandancia, la de Ceuta, muy peculiar, que se “regía” por lo que mandaba el delegado, por aquel entonces Luis Moro. Su llegada rompería con los esquemas, chocando con unos mandos que variaban sus órdenes a requerimiento del delegado. Su enlace con una musulmana no ayudaría, ni tampoco su conversión al islam, ya que “era un escándalo que llevara a mi novia, musulmana, a los actos” porque para ellos “las moritas estaban para otra cosa”. “Yo era un excelente oficial, pero incómodo” en una Comandancia en la que mandaba el oportunismo pasado por un rasero político y no el aplicar las normas tal cual son.
¿Y qué hay detrás de la denuncia cursada contra él si, según su manifestación no hubo ánimo de venganza en la denuncia presentada por torturas contra su ahora denunciante? El acusado dio la respuesta: dijo que Juan Manuel G.L. fue un “instrumento” del que se aprovecharon los mandos de aquella época para actuar contra él. Dibujó algo así como una estrategia de la cúpula de mandos para terminar con él utilizando a este guardia. “Yo venía con un carrerón, con 30 años oficial, y me llegaron a simultanear hasta cuatro expedientes”, declaró, acusando al denunciante de ser “un instrumento” de los jefes “para atacarme”.
¿Por qué? También dio respuesta a esta pregunta: “Yo quería que se aplicaran las normas, no lo que un día dijera el delegado del Gobierno”, aclaró, lamentando que ante esa variabilidad de consignas políticas tan cambiantes, el marroquí respondía con apedreamientos, viviéndose los años duros de Benzú en una época en la que el acusado dibujó una Comandancia con órdenes de mando poco definidas, una Comandancia con puestos de libre designación lo que podía dar lugar a la generación de los llamados estómagos agradecidos y una Comandancia en la que una asociación parecía tener en ocasiones más mando que los propios. Al igual que denunció las posibles torturas del detenido por Juan Manuel G.L., también, dijo, había intentado investigar sin éxito dos informaciones o sospechas que le llegaron. Y no tuvo tapujos al narrarlas ante la sala. Una, sobre la presunta actuación de los GRS que llegaban de Madrid y que podrían estar dejando pasar a subsaharianas a cambio de favores sexuales. Nunca pudo obtener pruebas, así que no denunció. Otra, la desaparición de dinero que portaban los inmigrantes al llegar a Ceuta. Tampoco pudo obtener datos para denunciarlo, y quedó en mera información que le llegaba porque “en mi condición de converso” llegaban “a mis oídos” quizá con mayor facilidad que a los de otros guardias. El acusado negó haber dado un trato degradante a quien ahora le denuncia y reconoció que su carrera profesional, por estos avatares de los que se siente víctima, “se fue al garete”.

Las claves de la historia

El delito y las penas: Qué dice el Fiscal
El Ministerio Público considera que queda acreditada la comisión de un delito contra la integridad moral del denunciante Juan Manuel G.L. cometido por el acusado Francisco Luis G.N. Por ello solicita 15 meses de prisión y una indemnización a dirimir en la ejecución de sentencia. Considera que el acusado denunció por presuntas torturas a un detenido a sabiendas de que éste no presentaba lesiones de eso. Lo haría un 17 de abril de 2001 conocedor, un día antes, de que le habían abierto un expediente sancionador tras una denuncia de Juan Manuel G.L. Comenzaría así un calvario judicial y administrativo. El móvil, según el Fiscal, es por ánimo vengativo ya que no consta otro guardia que haya sido denunciado de esta manera por el ahora acusado. Solicitó en su informe una sentencia condenatoria.
La otra acusación: Dos delitos y más pena
El letrado de la Acusación Particular que es a su vez el denunciante eleva la pena a poco más de cuatro años de cárcel al entender que además del delito contra la integridad moral existen otros dos de acusación y denuncia falsa. A esto añade la petición de indemnización de 300.000 euros. Los nuevos delitos los presenta al entender que le acusó de torturas y denunció a sabiendas de la falsedad.
Y la defensa: ¿Qué se ganó?
La defensa pidió la absolución de su patrocinado destacando que, de entrada, se carecen de pruebas de cargo para sostener la existencia de los delitos que se le imputa. El acoso denunciado, los “cuatro años de sufrimiento” que dice el denunciante que padeció fueron eliminados de un plumazo por la defensa. “Aquí todo se reduce a dos denuncias que presenta el acusado” y “tres denuncias” que presenta el denunciante, dijo, negando la existencia de prueba alguna que sostenga la existencia de una venganza. Pero es más, recordó que su defendido tras denunciar por supuestas torturas terminó siendo sancionado con un año de suspensión por el régimen interno al entender que su denuncia había sido falsa. Sanción que recurriría y ganaría, así que poco ganó con aquella denuncia. La defensa hizo mención a las dilaciones indebidas tras pasar 9 años y medio desde los hechos.

“A la oficialidad no le hizo puta gracia”

El periodista Tomás Partida acudió a declarar como testigo propuesto por la Defensa ya que él también había sido conocedor de los hechos en su día. Recordó que la presentación de la denuncia por supuestas torturas que hizo el ahora acusado (con el que mantiene una buena amistad) “fue una bomba”. Él supo de esa noticia por varias fuentes como también supo, por una que no identificó amparándose en su secreto profesional, que la misma podía tener fundamento. “Un guardia civil me dijo textualmente que al moro le habían calentado y bien”, recordó. Le dio credibilidad porque quien se lo dijo era uno de los guardias que tenía más enemistad con el acusado y curiosamente mantenía lo mismo que éste. Del acusado dijo que había sido un guardia muy valorado hasta que se le practicó un auténtico bloqueo, pasando a ser tenido como un “loco”, un “conflictivo” tras enfrentarse a la oficialidad. Todo se truncó a raíz de que entrara en el pabellón con su pareja musulmana: “A la oficialidad no le hizo puta gracia”, sentenció. También declaró un perito que negó que el denunciante, por un síndrome mental padecido, pudiera llegar a ser fácilmente manipulado por sus superiores.

De las películas paranoides al plan maquiavélico

El juicio de ayer, que quedó visto para sentencia, terminó en un duelo entre dos versiones. Duelo de alto nivel ante la participación de tantos abogados aunque cubriendo roles, según los momentos, bien distintos. El resumen dado por Acusación Particular y Defensa era opuesto, y sobre el mismo deberá debatir el tribunal. Así que se pasó de las películas paranoides que presentaba la Defensa al plan maquiavélico que dibujó la Acusación Particular. Para la primera la historia estaba clara. Lo que ayer llegó a juicio no era más que el resultado de un claro “abuso” del derecho. Ya que esta misma historia fue juzgada y archivada en el Togado Militar. Conociendo esto, el denunciante acudiría, dos años después, a la vía civil denunciando “hechos idénticos”, haciéndolo de “manera torticera” para ver si así, a la de dos, “engancha algo”. Dijo que la denuncia por torturas fue de todo menos errática, ya que nunca quedó archivada, sino que se transformó en falta y quedó prescrita, por lo que nunca se estaría ante una acusación y denuncia falsa como mantiene la Acusación Particular. Para la Defensa el acosador no es tanto su patrocinado como el denunciante, que se ha creado su “propia película” inventando una “persecución” que se llega a creer. Para la Acusación Particular, lo que vivió fue una auténtica ofensa como persona y culpó de eso al acusado. De éste dijo que había inventado un plan maquiavélico para culpar a la Guardia Civil, inventándose que le perseguían por enlazarse con una musulmana. Dijo que se había cometido una burrada contra su persona durante cuatro años continuados.