He escrito muchas veces que, ni soy político, ni jamás lo he sido y que tampoco nunca lo seré nunca; lo que en modo alguno quiere decir que, como simple ciudadano corriente que soy, el hecho de no ser político, para nada me coarta ni cercena mi derecho a poder opinar libremente, como lo hacen todos los demás. Y, además, intentaré hacerlo con imparcialidad objetiva, pues no en vano, durante los doce últimos años que trabajé al servicio de la Administración del Estado, lo hice de forma completamente independiente, avalado por la ley que entonces regulaba el funcionamiento de los Tribunales Económíco-Administrativos, de los que durante dicho tiempo fui responsable de los de Ceuta y Melilla, cuya presidencia tuve el honor de ostentar en desempeño simultáneo con absoluta independencia.
Respecto a la “igualdad”, que en este artículo me propongo desarrollar, como ampliación a mis dos anteriores, pues, generalmente, son los artículos 2, 9 y 14 de nuestra Constitución, entre otros, los que, principalmente, se refieren a la igualdad de todos ante la ley. Concretamente, el 14, dispone: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y, también en mis dos últimos artículos publicados en El Faro de Ceuta, me ocupé de glosar sobre el alcance y el contenido de dicho principio de igualdad, a la luz de la interpretación que la gran mayoría de los tratadistas y la jurisprudencia suelen hacer del mismo; de manera que, según creo, hasta el estudiante más bisoño y menos cualificado de los que, ya hace muchos años estudiamos Derecho, entre los que yo mismo me cuento como el más insignificante, pero que, todos, en mayor o menor medida, por lo menos “algo”, debemos conocer sobre dicho principio de igualdad y no discriminación para poder opinar sobre el mismo.
Otra cosa bien distinta es la tergiversación que algunos suelen hacer de la igualdad, en muchos casos, tratando de dejarla troceada para devaluarla y, así, desvirtuar su profundo significado, poniéndola muchas veces al revés hasta convertirla en flagrante “desigualdad” o, por el contrario, elevándola hasta la enésima potencia cuando se trate de obtener de ella para sí mismo el máximo beneficio y provecho, cuyos designios buscados de propósito vendrán luego modulados según a cada cual resulte favorable o adversa a la propia conveniencia de cada uno.
Ejemplos de igualdad los tenemos en abrumadora proporción, pero también de deliberada “desigualdad”. Aquí, sólo haré uso, puntualmente, para resaltar algunos casos, siempre estando en mi ánimo poner por delante mi pretendida imparcialidad objetiva, aunque bien entendido que, como todo ser humano, de ninguna manera pretendo ser perfecto, reconociéndome numerosos errores y defectos en los que puedo incurrir, pese a que nunca serían tan abultados como los embustes que diariamente tenemos que soportar de determinados políticos, a los que la gran mayoría de las veces hay que entender al revés de cuanto nos dicen o prometen para poder hacerse la composición de lugar sobre lo que hacen o cómo se comportan, salvo honrosas excepciones.
“Respecto a la ‘igualdad’, que en este artículo me propongo desarrollar, como ampliación a mis dos anteriores, pues, generalmente, son los artículos 2, 9 y 14 de nuestra Constitución, entre otros, los que, principalmente, se refieren a la igualdad de todos ante la ley”
Y para nada se me ocurre pensar que, por no tener algunos políticos como “santos de mi devoción”, la tenga yo tomada, por eso, contra ellos, sino todo lo contrario, pienso que desde que Sócrates dijera que las personas somos “seres eminentemente sociales por propia naturaleza”, pues está más que claro que la política tiene necesariamente que existir, en tanto en cuanto que en la vida no hay más remedio que relacionarse los unos con los otros, intercambiar opiniones y pareceres para vivir en sociedad; pero con lo que no estoy del todo de acuerdo es con lo que hacen y practican determinados políticos, que, en general, suelen inclinar la balanza a su favor para ponerla a su propio servicio o provecho, sin apenas pensar en que la política, antes que nada, debe de estar al servicio del bien común para todos los seres humanos, sin distinción de personas ni clases.
Por ejemplo, resulta ya hasta empachoso ese desmedido empeño de ahora en pretender hacernos ver la supuesta “igualdad” con que el Estado trata a Cataluña respecto de las demás Comunidades Autónomas, cuando resulta más que una clara evidencia contrastada que esa tan pregonada igualdad, en demasiados casos, resulta luego ser absolutamente injusta e inveraz, hasta el extremo de llegar ella misma a crear todavía más “desigualdades”, sobre todo, entre algunos políticos, que no suelen entenderla ni comprenderla como no sirva para aprovecharse de ella.
En nuestro país, tenemos el ridículo y vergonzoso caso protagonizado por un insurrecto prófugo de la justicia, huido oculto en el maletero de un coche, que el año 2017, dando un salto de gamo, cogió un vehículo a toda velocidad, para escaparse de España y después refugiarse en Waterloo, valiéndose de los abultados medios económicos y de locomoción puestos a su disposición por quienes les ayudaron a huir burlando varias veces la vigilancia policial, con tal de sustraerse a la acción de la justicia, tras haber perpetrado un gravísimo intento de golpe de estado, para andar ahora recreándose por toda Europa hablando mal de nuestro país, al que quiere a toda costa romper para, con su desguace, crear el suyo propio como nuevo estado independiente y soberano.
Esa creo que es toda una ignominia que ha generado luego la mayor desigualdad de trato injustamente dado a quienes menos lo merecen, estando ello claramente en contra de más de la otra mitad del mismo laborioso y emprendedor pueblo catalán que es constitucionalista respecto de la minoritaria parte nacionalista que desde 1713 intenta a toda costa declarar su separación de España, mediante la proclamación de su independencia, que desde ese mismo año viene siendo frustrada por la gente honrada y trabajadora. Todo ello, como forzado pago que ahora exigen los separatistas a cambio de los siete votos que para la investidura facilitó un prófugo de la justicia archiconocido que huyó oculto en el maletero de un coche, y ahora, desde su refugio en Waterloo, parece estar dirigiendo, de hecho, vergonzosamente nuestro país, incluso utilizando para ello a un mediador salvadoreño con el que reiteradamente delegaciones españolas han de ir a entenderse hasta Bélgica. ¿Habrase visto semejante vergüenza e indignidad nacional?.
Mientras que, a “sen su contrario”, otras pacíficas y sufridas regiones más pobres, que nunca protestan ni reclaman, pues injustamente han de verse sometidas a una serie de insuficiencias y desigualdad de recibir peor trato que a los que más se les da cuanto más tienen, lo que pone de claro manifiesto una clara desigualdad en trato y peor derecho.
Otro caso de pretendida “igualdad”, luego convertida en flagrante “desigualdad”, se tiene en el que prometió llevar a cabo recientemente, la designada candidata para las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, que un día aterrizó, primero, en Jaén, y prometió a la alcaldesa jiennense de su mismo partido, que el ministerio de Hacienda resolvería la deuda contraída por el ayuntamiento local (unos 600 millones de euros, según se publicó), y cuando sólo días después visitaba Andalucía para iniciar en ella su campaña electoral, pues prometió que ella aplicaría el principio de “igualdad” midiendo por el mismo rasero a todas las regiones. Y eso, lo espetó, y tras que la misma ministra había ya autorizado a Cataluña para que ésta declarara su independencia fiscal, que es la antesala de la independencia política, de forma que los ingresos que se recaudaran de los catalanes irían todos destinados, de forma exclusiva y excluyente, a la región catalana, otorgándole así la llave de la caja común para favorecerla y privilegiarla respecto a las demás regiones mucho más pobres y desfavorecidas, conculcando flagrantemente con ello el principio de igualdad ante la ley, y rompiendo también el otro principio hacendístico de “progresividad”, según el cual, “quién más gana, más paga”, porque a ver cuándo nos vamos a enterar que, generalmente, no tributan los Entes, sino las personas físicas y jurídicas. Y se trata, lógicamente, que todos tributen los entes ni las instituciones, sino las personas físicas y jurídicas, o lo que es lo mismo, cada contribuyente, cada sujeto pasivo, que han de construir en función de sus rentas e ingresos.
Pero, lo que de ninguna forma puede ser es que, que en el reparto de incentivos y subvenciones, se beneficie a alguna región respecto de otras, y menos cuando se trate de regiones que yan vienen siendo privilegiadas en relación con las demás, que es lo que últimamente se ha hecho con Cataluña, tras haberle condonado hasta 17.104 millones de su deuda pública contraída con el Estado, procedente del Fondo de Nivelación Autonómica (FLA). Y que a Cataluña todavía le parece poco, hasta el punto de que ya se ha dejado caer que sería de justicia aplicar una “quita”, o incluso dar un trato “singular” a dicha región, sólo por el hecho de que en la misma se tiene el índice de precios al consumo más alto, cuyo motivo principal vendría generado por el hecho de ganarse también sueldos más elevados, en virtud de la conocida ley de la ”oferta y de la demanda”.
Todo ello, no cabe duda de que ha generado determinado estado de descontento y reclamación, como quiera que, por ello, las regiones menos favorecidas se consideraron discriminadas. Y, luego, tal protesta se intentó tapar a base de prometer y más prometer que el Estado trataría a todas las regiones con el mismo rasero de igualdad, con tal de taparles la boca, pretendiendo a toda costa hacerles ver a las demás que serían compensados con otra condonación a las Autonomías de un total de 88.917 millones de euros de deuda pública que entre todas tenían contraída con el Estado, argumentando a la vez que nadie podría rehusar tan generosa oferta, porque entonces sería cuando, las que rechazaran la oferta saldrían perdiendo. Pero, claro, la condonación milmillonaria a Cataluña, como ya se había producido, se quedaba igual, inamovible, sin tenerla en cuenta.
Los independentistas catalanes, que en 2017 declararon alevosamente la independencia de Cataluña (con los que se alinearon del lado constitucionalista que estén tranquilos, que no va nada contra ellos, sino todo lo contrario), pues pretendieron hacernos ver a todos que, desde hace más de mil años, existe una identidad nacional catalana, en virtud de la cual, Cataluña es una nación, es un estado y también es sujeto de derecho internacional, por cuyo motivo tendría el derecho y la facultad de declarar su unilateral independencia, o su pretendido derecho que ellos llaman Derecho de “autodeterminación“, pero que ni siquiera existe en el Derecho patrio ni tampoco en el Derecho Internacional, a lo que los catalanes separatistas llaman: poder hacer uso a su pretendido derecho de autodeterminación y que fue en virtud de tal supuesto derecho de secesión del que ellos creen que traería causa y razón de ser de alcanzar su “enternecedora” independencia, con la que llevan ya soñando desde el viejo Tratado de Utrecht del año 1713.
Tal Tratado de Paz firmado por España en 1713 y luego ratificado en 1715, también conocido como Paz de Utrecht o Tratado de Utrecht-Rastatt, es, en realidad, un conjunto de tratados firmados por los estados antagonistas en la guerra de sucesión española que se libró entre los años 1713 y 1715 en la ciudad neerlandesa de Utrecht y en la alemana de Rastatt. En base a haber sido aprobado el mencionado tratado durante la Guerra de Sucesión, muchos catalanes suelen también llamarle tratado de “secesión” de Cataluña de España. Pero el mismo nada tuvo que ver con Cataluña, sino que tal conjunto de tratados lo único que hicieron fue poner fin a la guerra, aunque posteriormente a su firma continuaron las hostilidades en territorio español hasta julio de 1715, momento en que el marqués de Asfeld tomó la isla de Mallorca. En este tratado, Europa cambió su mapa político. Es el segundo tratado vigente más antiguo, por el que Inglaterra hábilmente se las ingenió para apoderarse, actuando de mala fe y flagran te engaño, se apropió ilegalmente de Gibraltar que, hasta entonces, había venido siendo de plena soberanía española, pero que, a partir de dicha fecha, pasaría a constituirse en una plaza militar de la Corona británica.
En virtud de tal tratado, se estableció un nuevo orden europeo: Austria, Holanda e Inglaterra aceptaron la monarquía borbónica en España, a cambio de la separación total con Francia y de unas ventajas territoriales y comerciales que finiquitaron el imperio español, que había sido preponderante en los dos siglos anteriores. Como se ve, todo este entramado de negociaciones, paces y tratados, fueron decisivos para perfilar el mapa de Europa, y por eso los he invocado como complemento, por la parte que tenga que ver con el tema del injusto trato de desigualdad que Europa dio a España para terminar con su supremacía de rango imperial.
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La NO politicidad de las personas (autoconfesa) viene a ser un quiero definirme, pero no puedo, por lo que creo piensan de mí el personal con el que tuve relación hasta ahora.
Un detalle: todas las camas tienen dos lados accesibles, salvo que estén arrimadas a la pared.
Pues bien, será pseudo política, pero todo el mundo se levanta por uno de ellos. Aún no se puso de moda entrar o salir por la cabecera o piecera.
Lo que hace exponiendo situaciones más o menos ficticias de dos políticos a los que ni siquiera se atreve a llamar por su nombre, se puede llamar de todo menos neutralidad.
Ni existe la seguridad (más Bien lo contrario) de que Puigdemont hiciera el viaje ni parte de él en un portaequipajes, ni la ministra de Hacienda ha condonado 17.104 millones de euros a Cataluña; existe dicha voluntad, pero hasta que no entre el resto de comunidades y ciudades autónomas a una situación similar, no se producirá el cambio de tenedor de aquellas partes del déficit.
La igualdad entre ocho comunidades de rango común con Euskadi, Navarra, Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta viene a ser lo que las cereza a las aceitunas.
Para ser un buen No político, lo mejor es no opinar, ni siquiera a la hora deacostarse.