Una vieja aspiración del movimiento sindical en el ámbito de la educación, se resumía en la reivindicación de un “cuerpo único de enseñantes”. Su fundamento reside en la idea de que todos los tramos y dimensiones de un sistema educativo moderno tienen la misma importancia y merecen idéntico reconocimiento. En consecuencia, lo correcto es unificar las condiciones laborales del conjunto del profesorado. Es un proceso que no resulta sencillo. Entre otras cosas porque no sólo es necesario ir construyendo complicadas pasarelas temporales para garantizar derechos de profesores y alumnos durante el tránsito, además de vencer previamente las enconadas resistencias corporativistas; sino porque también suele ir acompañado de un coste económico (más o menos elevado) que (casi) nunca se quiere asumir. Lo cierto es que el camino hacia este objetivo está resultando más largo y lento de lo deseable; aunque se nos antoja imparable. Durante este curso se ha dado un paso importante. La nueva ley que regula la Formación Profesional ha extinguido el cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, quedando subsumido en el cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Es una iniciativa difícilmente censurable. Sin embargo, este tipo de movimientos son siempre complejos porque armonizar situaciones generadas en contextos históricos y administrativos muy heterogéneos; provoca conflictos, incoherencias e incluso infracciones normativas que es necesario superar. La administración tiene instrumentos y recursos suficientes para conseguirlo. Por ello, cada acción de esta naturaleza viene acompañada de una serie de disposiciones transitorias cuya finalidad es garantizar el más escrupuloso respeto a todos los derechos y principios sobre los que se asienta un estado democrático. Esto es lo que debe suceder también en el caso de la supresión del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. La integración de los Profesores Técnicos en el cuerpo de Profesores de Educación Secundaria ha resultado un proceso muy simple para una buena parte de los afectados (aquellos que tenían titulación suficiente para ello). Existe un plazo (hasta 2026) para que el resto pueda obtener la titulación requerida (Grado). Quienes no lo hagan, quedarán como miembros de un “cuerpo a extinguir” respetando todos los derechos de los que ahora disfrutan. Sin embargo, esta medida transitoria no resuelve todos los problemas generados por el cambio. A partir de este curso, unos profesores (los integrados) percibirán unas retribuciones superiores a otros (los no integrados) por impartir el mismo nivel educativo al mismo alumnado. Esta situación quiebra un principio universal indiscutible en todos los ámbitos laborales: “a igual trabajo, igual salario”. El Ministerio tiene la ineludible obligación de reparar esta inobjetable injusticia. Es preciso recordar que ya en su día se produjo una situación similar cuando los maestros que impartían séptimo y octavo de EGB, pasaron a los IES a impartir primero y segundo de ESO. El propio Ministerio, comprendiendo que se estaba produciendo un injustificable agravio, implementó un nuevo concepto retributivo, aplicado exclusivamente a este colectivo, para compensar tan flagrante discriminación. En este caso, debe obrar de la misma manera. Algunas Comunidades Autónomas ya lo han hecho. Siendo conscientes de que es una situación insostenible desde la perspectiva de los derechos laborales, han acordado la creación de un “complemento compensatorio” que entrará en vigor de inmediato. El MEFP debe hacerlo ya. Sin excusas, subterfugios ni evasivas. Ceuta y Melilla no pueden ser siempre las últimas en todo. No es justo.